INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO VICTOR LONGAS EN LAS JORNADAS SOBRE MEDIO AMBIENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE ARAGÓN

El pasado 8 de octubre, el pueblo aragonés salió a la calle y dijo no al Trasvase del Ebro, no al Plan Hidrológico Nacional. El rechazo fue unánime, las más de 400.000 personas, es decir, uno de cada tres aragoneses, que abarrotaron la Plaza del Pilar de Zaragoza y las calles aledañas, lo dejaron muy claro, no al trasvase del Ebro.

Ese rechazo unánime de la sociedad aragonesa motivó al día siguiente el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se pidió al Ministerio de Medio Ambiente la retirada del anteproyecto del Plan.

Una decisión que recogía el sentimiento de los aragoneses de ser los paganos, una vez más, de este desarrollo a cualquier precio del Arco Mediterráneo.

Para los aragoneses, el anteproyecto del PHN ha sido una iniciativa que podemos calificarla como “empezar la casa por el tejado”, un tejado hecho a la medida de unos pocos y cuyos cimientos descansan en las entrañas aragonesas.

El pasado cinco de septiembre, el Ministro Jaume Matas puso encima de la mesa del Consejo Nacional del Agua el Documento del Anteproyecto, un documento cocinado en el Ministerio y del que en Aragón no sabíamos absolutamente nada hasta esa fecha.

Se constituyó la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua, en la que el Gobierno de Aragón, sólo está, después de que este Consejero tuviera que pelearse el puesto, en calidad de invitado, con voz pero sin voto.

Curiosamente el Ebro en su parte aragonesa, río en que descansa la práctica totalidad del Plan, aporta el 40% de los recursos hídricos.

A lo largo de estos dos meses de reuniones casi semanales de la Comisión Permanente en Madrid en la que se ha vuelto a explicar lo que ya viene en el documento, sin profundizar mucho más, se ha llegado al punto, según entiende el Ministerio, de que dicha Comisión ya está preparada para redactar el dictamen que elevará al Consejo del Agua, fijando plazo hasta el día 1 de diciembre como fecha límite para realizar alegaciones por los miembros del CNA.

Pero desde Aragón no tenemos la misma visión, y así se lo hemos hecho saber al Ministro en varias ocasiones, porque desde el Gobierno de Aragón entendemos que los datos que vienen en el documento son claramente insuficientes y no clarifican como se ha llegado a las conclusiones de que el Ebro es el “Salvador de Levante”.

En este sentido, le pedimos una primera moratoria de seis meses con el fin de que en el Gobierno de Aragón elaboremos nuestro posicionamiento, fundado en base a los argumentos técnicos y políticos que mantiene nuestra Comunidad Autónoma. Moratoria que ha sido rechazada, aunque curiosamente el Ministro no se ha pronunciado personalmente, sino a través de esos mensajes que de forma ocasional se manifiestan en la Comisión Permanente.

Pero además de esa negativa, el Ministerio también puso inconvenientes a proporcionarnos la información adicional solicitada el 22 sept, puesto que 20 días más tarde, el 9 de octubre, nos comunicó que existían dificultades insalvables para hacer traslado físico de la misma, como consecuencia nos propuso la alternativa de dar acceso a la información en lugar de enviarla.

A raíz de ello, y en función de las disponibilidades de agenda de la Subdirección General de Planificación, el pasado 2 de noviembre, técnicos de la Dirección General del Agua se desplazaron a Madrid para poder acceder a la información.

En relación con el modelo de optimización económica, se nos dijo que dicho modelo lo había elaborado personalmente el subdirector general de Planificación, que era algo personal y que no nos lo podía facilitar. Sin embargo nos ofreció aplicarlo a las hipótesis que le propusiéramos.

Respecto a los modelos de simulación de explotaciones de las Cuencas Hidrográficas, se nos indicó que era un paquete informático desarrollado por el Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, de donde podríamos adquirirlo y que posteriormente el CEDEX nos proporcionaría la modelización específica, así como las series de caudales.

En dicha reunión, también se acordó que el proceso para que la DGA dispusiese de un modelo operativo, en condiciones de funcionamiento, con capacidad para contrastar los datos del PHN, sería un proceso largo, pues es de todos conocido que el propio Ministerio lleva años en esta tarea.

A este respecto, se nos hizo el ofrecimiento de que fuese el mismo Ministerio quien realizase las simulaciones precisas a juicio de la DGA. Actitud que agradecemos pero es como dejar al contratista de una obra que sea él mismo quien haga las mediciones de liquidación o el control de la calidad de materiales.

En definitiva, la sensación con la que vuelvo de Madrid todos los lunes que nos reunimos la Comisión Permanente es de que desde el Ministerio se tiene excesiva prisa por pasar el trámite de la Comisión. Se trata de elevar el Dictamen del Consejo Nacional del Agua a la mayor brevedad para aprobar la Ley, y por lo tanto el trasvase.

Por eso, el mensaje de diálogo y participación que transmite el Ministro no concuerda con sus actuaciones, ya que, por un lado, el documento del anteproyecto del PHN se presenta sin una consulta previa con las partes afectadas y, por el otro, tampoco se nos concede ni tiempo ni las herramientas necesarias para poder hacer un análisis en profundidad.

Desde el Gobierno de Aragón queremos hacer las cosas bien y para exponer una opinión fundada y que no se nos acuse de que el rechazo al documento es partidista, nuestros técnicos necesitan ahora analizar esa información que hemos solicitado y que tanto nos cuesta obtener del Ministerio.

Y para ello necesitamos tiempo, un tiempo que se nos sigue negando.

No obstante, en un primer análisis con los datos de que disponemos del anteproyecto, que ampliaremos y detallaremos más en los próximos días una vez concluido el documento que estamos elaborando, podemos decir que no se recoge en su integridad el Pacto del Agua en el que se especifica una demanda de 5.700 hectómetros cúbicos, más una reserva estratégica de 850 hectómetros.

Pues bien en esa primera lectura hemos detectado que en la simulación realizada esa reserva estratégica de 850 hectómetros cúbicos no está contemplada, ya que el documento sólo habla de demandas comprendidas entre 5.600 y 5.800 hectómetros cúbicos.

Asimismo, la presentación de excedentes recoge una variación estacional, siendo nulos en un 13% de los 55 años analizados, aspecto que tampoco se ha tenido en cuenta en el análisis financiero.

Respecto al coste, se repercute por igual entre todos los beneficiarios independientemente de su ubicación. En el caso de que cada beneficiario abone la parte correspondiente de la conducción principal hasta su toma, el coste por metro cúbico para derivar las aguas hasta Almería superará las 90 pesetas metro cúbico, frente a las 52 pesetas que señala el Ministerio.

Estos datos contrastan con las declaraciones de los regantes levantinos, que ya consideran excesivo el precio de 35 pesetas por metro cúbico.

A estos aspectos habría que añadir otros como el no tener en cuenta la evolución de las tecnologías respecto a recursos alternativos y con esto me refiero, por ejemplo, a la desalación.

El documento no aborda las posibilidades que presentará la desalación en un futuro a medio plazo, siendo que en algunas comunidades como Canarias o Baleares ya ocupa un aspecto destacado.

Pero estos aspectos no nos los hemos inventado los aragoneses, ya venían reflejados en el Libro Blanco del Agua (1998) del Ministerio de Medio Ambiente.

El Ministerio presentó el Libro Blanco como un documento que tras su análisis y debate social sirviera como piedra angular para la formulación del Plan Hidrológico Nacional.

No existe un lógico engarce entre el PHN y el análisis realizado en el Libro Blanco del Agua ni en relación, entre otras cosas, a las cuencas hidrográficas con déficit estructural o coyuntural, ni en relación con el abanico de posibilidades tecnológicamente posibles para resolver los problemas hídricos.

La coherente conexión entre ambos documentos hubiera implicado un énfasis en las medidas reforzadoras de la explotación racional de los recursos de las cuencas presuntamente deficitarias, y me refiero a reutilización de aguas residuales, ahorro del recurso, revisión de dotaciones, así como de incremento de recursos propios e en relación a la desalación de aguas salobres y marinas.

La ausencia de medidas económicas para gestionar la demanda en el Plan de Trasvase del Ebro presentado por el Ministerio es lamentable, pues ignora completamente las tendencias que deben lógicamente imponerse en el derecho español a partir de la recepción de la Directiva marco comunitaria.

Igualmente no existe ninguna otra de las medidas de gestión de demanda que deben preceder por entera lógica a la decisión de realizar un trasvase: por ejemplo, revisión de concesiones, ajuste de dotaciones, uso coordinado de aguas superficiales y subterráneas y reforzamiento de los medios personales y materiales de los organismos de cuenca para aplicar medidas específicas de control de la gestión del dominio público hidráulico.

¿Es qué el Gobierno Español es incapaz de controlar las explotaciones ilegales en Murcia? ¿O es que prefiere que sean los aragoneses quienes paguen por esta falta de eficacia en el control de dominio público?

Otro aspecto que considero primordial a la hora de elaborar el PHN son las previsiones de regadíos; es decir, parecería lógico que se definiera antes el Plan Nacional de Regadíos, con el fin de conocer las previsiones de transformación y mejora, que creo son imprescindible a la hora de planificar en respuesta a las necesidades futuras.

También creo que sería necesario que coincidieran en el tiempo, ya que en el Plan Nacional de Regadíos se está hablando de un periodo de 8 años muy inferior al PHN.

Por otra parte, los Planes Hidrológicos de Cuenca, aprobados en 1998 y con sus normas publicadas en 1999, deben ser ahora aplicados en toda su amplitud y, en su momento, valorados los resultados de tal aplicación.

Solo así será respetada la voluntad repetidamente expresada por las Cortes Generales (a iniciativa del Partido Popular) de aprobación previa de los Planes Hidrológicos de Cuenca al Plan Hidrológico Nacional, pues esta condición no puede ser interpretada como un requisito de mera precedencia temporal.

En caso contrario habría que pensar que el debate habido en su momento estaba presidido únicamente por criterios de oportunidad política que, como tales, son absolutamente pasajeros.

En Aragón coincidimos que los Planes Hidrológicos de Cuenca deben preceder al Plan Hidrológico Nacional. Pero este orden de precedencia debe ser efectivo.

Todas las previsiones de los Planes de Cuenca se basan en modelos matemáticos.

Todos los resultados provienen de simulaciones de obras de regulación y de sus demandas.

Comprobemos la veracidad de dichas simulaciones construyendo las obras de regulación previstas en los Planes de Cuenca, así como sus respectivas demandas, completando las previsiones de zonas regables y abastecimientos, y después, en función de los resultados, redactemos el Plan Hidrológico Nacional.

Pues bien, en este sentido, en Aragón todavía falta mucho por hacer. Pensemos que de las nuevas obras de regulación previstas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, Yesa, Biscarrués, El Val, … etc. todavía no está ninguna de ellas operativa y, ni mucho menos, establecidas sobre el terreno las demandas para las que han sido concebidas.

Por ello, y reitero que en los próximos días podremos ofrecer un documento de respuesta con mayor apreciación técnica, desde el Gobierno de Aragón entendemos que el anteproyecto del PHN, ni es un Plan, ni es hidrológico, ni es nacional: es un documento que justifica el puro trasvase del Ebro.

El hacer pivotar sobre el Ebro la solución para los problemas hidrológicos del Arco Mediterráneo, me da la impresión que puede tener unos claros sesgos políticos, como lo es el hecho de aislar a Aragón, haciéndola aparecer ante la opinión pública nacional como una Comunidad insolidaria ante la sed de comunidades vecinas, justificando técnica y económicamente la opción del Ebro como la única viable.

En este contexto, y creo que en los próximos días lo podremos demostrar con datos, se han sobre estimado los costes de las obras en otras cuencas como la del Duero y Tajo con este propósito.

Pero independientemente de estas reflexiones, el Gobierno de Aragón estamos a favor de que se resuelvan los problemas hidráulicos en España y consideramos que existen soluciones en concordancia con la Directiva Europea de Aguas, más económicas, más ecológicas y que favorecen un desarrollo sostenible del conjunto del Estado.

Por ello, entiendo que el planteamiento del trasvase del Ebro a Cataluña, Valencia, Murcia y Almería no se puede justificar en la solidaridad interterritorial, puesto que no es solidario ni progresista dar más a quienes más tienen y, en este caso, los 1.050 hectómetros cúbicos que se pretenden detraer del Ebro aumentarán las desigualdades entre comunidades.

No debemos olvidar, por otra parte, que en la actualidad ya se transfieren 300 hectómetros cúbicos anuales desde el Ebro a otros ámbitos

Es decir, consagrará las Españas de las dos velocidades: la del Arco Mediterráneo, rica, poblada y desarrollada; y la del Interior, cada vez más pobre, más despoblada y menos modernizada.

En definitiva, si esto es así, estará en consonancia con la imagen que se proyecta de los aragoneses en el mundo audiovisual nacional, que generalmente suele ser de una sociedad tozuda y un poco primitiva frente a la sofisticación y modernidad de otros entornos meditarráneos y capitalinos.

Imagen que es totalmente falsa e injusta. Los aragoneses han sido siempre respetuosos con la legislación estatal y con el medio ambiente. Aragón no necesita una sexta ley de Punto Final para poner freno a esa proliferación de regadíos ilegales.

Aragón todavía sigue esperando el cumplimiento de la Ley de Riegos del Alto Aragón del año 1915. Aragón ha sido respetuoso con el medio ambiente, no ha sobreexplotado sus recursos hidráulicos, hasta el punto de tener una demanda que supera en tres veces sus disponibilidades, como es el caso de otras comunidades.

¡Esto no es desarrollo sostenible! Esto no es más que la consecuencia de una falta de efectividad del Gobierno Central en el cumplimiento de sus obligaciones: el cuidado del dominio público hidráulico en el marco de un desarrollo sostenible. No se puede pretender que los aragoneses seamos los “paganos” de esta mala planificación estatal.

Estos aspectos se complementan con las constantes promesas de inversión en los Presupuestos Generales del Estado, que nunca se cumplen.

Inversiones en Regadíos por cuenta gotas, en zonas del Aragón como Monegros y Bardenas con proyectos que datan de principios del Siglo pasado.

Yo, que soy de las Cinco Villas y que he vivido de cerca esta tradición agraria, he visto como la gente durante décadas anhelaba aprovechar un agua en esas tierras secas y duras, pero con potencial de desarrollo.

¿Cuántos lustros más tendremos que esperar en las Cinco Villas, en Monegros o en la Hoya de Huesca para ver realizadas promesas de inversión que fueron también los sueños de nuestros abuelos? Mientras tanto, en el Arco Mediterráneo todo son facilidades.

Desde el Gobierno de Aragón queremos insistir que el Plan Hidrológico Nacional no debe producir fracturas entre territorios y Comunidades del Estado, por lo que confiamos que no sea aprobado contra la voluntad de ninguna de ellas.

Por ello, cuando anteriormente decía que el PHN ha sido como empezar la casa por el tejado, también me refería a que el proceso lógico y normal hubiera sido promover un debate y una negociación con las Comunidades Autónomas involucradas, en lugar de ser mantenido bajo un secreto que sólo puede ser entendido como un intento de limitar al máximo el debate de las Comunidades autónomas afectadas.

Un plan hidrológico es algo más que un plan puramente hídrico. Sólo es concebible dentro de supuestos de política territorial, de ordenación del territorio. Ello implica una labor de coordinación con las Comunidades Autónomas que son quienes tienen las competencias específicas sobre la materia.

El Plan ha sido elaborado a espaldas de las Comunidades Autónomas, por lo menos de Aragón.

Por ello, y tras ver el respaldo popular mostrado por la sociedad aragonesa el pasado día 8 de octubre, desde el Gobierno de Aragón entendemos que la mejor solución sería retirar el presente documento, ya que es perjudicial para los intereses del desarrollo socioeconómico de nuestra Comunidad pero a la vez tampoco resolverá los problemas estructurales del agua en el Levante.

Como botón de muestra, ¿Cuántos decretos de Punto Final ha aprobado el Gobierno Murciano en los últimos años para la regularización de regadíos ilegales y siguen con el mismo problema?

En fin, con este Plan ni si quiera sirve el refrán “Desvestir a un santo para vestir a otro”, ya que el proyecto del Ministerio ni tan siquiera resolvería la problemática del agua en Levante, ya que la situación no depende de unos hectómetros cúbicos más o menos, sino de una Planificación territorial sería y consciente de los recursos y necesidades.

Por ello, el Gobierno de Aragón nos opondremos con todos los medios democráticos a nuestros alcance a este Plan Hidrológico Nacional, si persiste en el trasvase del Ebro y consagra el mercado del Agua.

Porque esto supondría el inicio de un segundo éxodo de la población aragonesa hacia tierras más prósperas con más alternativas de vida.

En Aragón nos resistimos a vernos abocados a este éxodo porque amamos nuestra tierra y además tenemos la obligación moral de defenderla y potenciarla para que nuestros hijos puedan disfrutar de ella con orgullo.

Muchas gracias


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