INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

DÍAS 26, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000

El 29 de julio de 1999 recibía el apoyo de esta Cámara para presidir el Gobierno de Aragón, y el pasado día 5 de agosto se cumplía el primer año desde la toma de posesión del ejecutivo.

Al cumplirse este primer año, señorías, me ha parecido conveniente y necesario -coincidiendo, además, con el comienzo del actual periodo de sesiones- celebrar un debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, lo que me llevó a solicitarlo del Pleno de la Cámara.

Pero, antes de adentrarme en el contenido de mi intervención, me van a permitir que recuerde, con rabia y dolor, a las repetidas víctimas inocentes de la sinrazón terrorista, y que, en nombre de nuestro pueblo, que no ha estado ajeno a la barbaridad de los servidores de la muerte, exprese el más sentido pésame a las familias afectadas y haga mención pública de mi más profunda tristeza y mi más amargo dolor por los hechos repetidos.

Sé que comparto con todos ustedes, señorías, el compromiso común de vivir en paz y libertad, y sé que sólo manifestando unidos ese compromiso, unidos y sin fisuras, será posible la victoria democrática. Con unidad, firmeza y sentido democrático, como lo expresaron el sábado miles de ciudadanos en las calles de San Sebastián, y tantos otros más -también en Aragón- vienen repetidamente expresando.

Y, sin más dilación, señorías, comenzaré por decir que lo que pretendemos conseguir, con este debate, es una visión global y de conjunto de las actuaciones realizadas por el Gobierno, durante su primer año de mandato, así como exponer a la Cámara las pautas que van a presidir su actuación futura. También, poner de manifiesto el grado de cumplimiento en el que se encuentra el proyecto político planteado en el discurso de investidura, y que fue motivo del otorgamiento de su confianza.

La coalición entre el PSA-PSOE y el PAR, que forma el Gobierno de Aragón, ha puesto en marcha el Pacto por Aragón, suscrito por ambas fuerzas políticas. Nuestro objetivo es que Aragón alcance plena autonomía, desarrollando totalmente nuestro Estatuto, defendiendo y consiguiendo la mejor utilización posible de nuestros recursos, construyendo un modelo territorial que potencie nuestras señas de identidad y mejore la calidad de vida de los aragoneses.

Señorías, esta sesión nos da la oportunidad de hacer una reflexión general y de alcanzar posibles acuerdos a través de la actuación parlamentaria en asuntos de interés que afectan al presente y futuro de nuestra Comunidad. He dicho acuerdos, señorías, no lo olviden. Acuerdos. Este es el talante de nuestra actuación. Hablamos del desarrollo de nuestra propia autonomía, de la organización política territorial, de las grandes infraestructuras, del agua y de la educación.

En nuestra historia autonómica, algunas veces ya lo hemos conseguido en algunos temas. ¿Por qué no ahora? Nuestra mano está tendida.

Comparezco hoy ante ustedes para afirmar que, ya nadie lo duda, éste es un Gobierno cohesionado, con un marcado talante de diálogo y acuerdo con otras fuerzas políticas parlamentarias y agentes sociales, que tiene muy presente el papel de la Comunidad Autónoma de Aragón en la vertebración de España, así como su presencia en los asuntos europeos y de acción exterior.

Les recuerdo que el actual Gobierno se formó como consecuencia de los resultados electorales del 13 de junio de 1999 y la imposibilidad del PP de llegar a acuerdos con las restantes fuerzas parlamentarias.

La fórmula empleada para obtener la cohesión que les he indicado ha sido sencilla: lealtad entre el PSA-PSOE y el PAR en el cumplimiento del acuerdo de coalición. Somos cuerdas disímiles; cierto. Pero sonamos aunadas en el ejercicio del Gobierno de Aragón.

Sumen a la lealtad mucha ilusión, un gran sentimiento de amor por lo aragonés, ideas propias, un programa responsable y mucho trabajo, señorías. Esta ha sido la receta empleada. Tengo el convencimiento de que los resultados, que ya se empiezan a ver, y se verán mucho más conforme pase el tiempo y podamos terminar los proyectos iniciados, serán del agrado de los aragoneses.

Ya he destacado anteriormente nuestra actividad de intenso diálogo parlamentario; pero quiero ahora agradecer, especialmente, al representante de Izquierda Unida su labor durante este periodo.

Sé que hay temas de difícil acuerdo, pero usted, señoría, se ha esforzado, y se esfuerza todos los días en presentar propuestas constructivas. A su esfuerzo se añade su talante sereno, dialogante y firme también en sus propias convicciones -que respeto-. Creo, por eso, que coincidiremos si afirmo que hemos sido capaces de trabajar juntos y obtener resultados con mutuo respeto a nuestras propias ideas, a las de nuestras fuerzas políticas y a las de nuestros programas electorales. Le invito a seguir colaborando, señoría, y le aseguro que en este Presidente y en el ejecutivo encontrará el mismo ánimo y disposición durante toda la Legislatura.

Quince son los proyectos de ley presentados y en tramitación en este primer año. Cuatro más que en el primer año de la anterior. Algunos de especial importancia como el del juego, el de cajas de ahorro, el de drogodependencias, el de la infancia y la adolescencia, el de ordenación y participación en la gestión del agua, por citar algunos ejemplos.

Hay muchos más en preparación, y casi ultimados, como el de la ley del Pirineo, el de lenguas de Aragón, los de creación de diversas comarcas, el de la Ciencia, y el de financiación de la enseñanza no universitaria.

Volvemos a presentar este año en plazo, tal y como hicimos el pasado, el proyecto de ley de presupuestos y su correspondiente ley de acompañamiento. Nuestro objetivo es su publicación en el Boletín Oficial de Aragón antes del próximo 1 de enero. No es preciso detallar el efecto que este logro conlleva en el funcionamiento ordinario de la Administración, no sólo de la Comunidad, sino también en el de otras, como la local.

Desde el primer día hemos sido capaces de alcanzar importantes acuerdos con los agentes sociales. Debo reconocer que he hallado siempre en ellos facilidades para lograr puntos de encuentro.

Fruto de estas actuaciones, entre otros, debo destacar el acuerdo social y el Pacto por la educación, al que luego nos referiremos. Su fin no es otro que consensuar con los agentes sociales más representativos las políticas a medio plazo que en materia de empleo, políticas sociales y desarrollo económico va a impulsar el Gobierno de Aragón.

La profundización en el marco de diálogo social que caracteriza a Aragón es un activo muy importante para lograr la instalación de nuevas empresas. Este buen clima social, junto al ciclo expansivo, ha permitido que Aragón consiga una baja tasa de paro (un 7,1% de la población activa), inferior a la nacional e incluso a la de algunos de los países de la zona Euro.

Nuestros compromisos están orientados a mejorar los niveles de empleo, con especial sensibilidad hacia los sectores más desfavorecidos. Se trata de que las ayudas de fomento del empleo y la formación ocupacional se centren en los grupos con mayores dificultades de inserción, como los jóvenes, las mujeres y los parados de más de 40 años.

Atención prioritaria se concede también en el acuerdo social con empresarios y sindicatos a la salud laboral de los trabajadores, pues aún reconociendo que Aragón ha venido siendo ejemplo en el conjunto de España por sus avances en la reducción de la siniestralidad, no podemos conformarnos con las todavía altas tasas de accidentes laborales. El Gobierno impulsará las políticas de prevención con el desarrollo del Instituto Aragonés de Salud Laboral y la intensificación de los programas que han demostrado una mayor eficacia.

Un capítulo aparte merece el Plan integral de inmigrantes, que formulará una política global y coordinada en esta materia, a fin de atender las necesidades de mano de obra de algunos sectores productivos, por una parte; y por otra, las necesidades de la propia población inmigrante, con una estrategia de integración laboral y social, mejorando el funcionamiento del mercado de trabajo, propiciando alojamientos dignos, ampliando la formación ocupacional e idiomática, y garantizando la atención social y sanitaria a los trabajadores y sus familias.

El acuerdo social contiene un conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad productiva de la economía aragonesa. A atraer nuevas inversiones, que diversifiquen en lo posible nuestro tejido industrial, aprovechando para ello la disponibilidad de trabajadores experimentados y bien formados y el excelente clima social y de calidad de vida que caracteriza a Aragón. A impulsar el crecimiento económico con respeto al medio ambiente y con un uso racional y eficiente de la energía.

Siempre hemos afirmado que Aragón sabe existir coexistiendo, sin dejar de ser él mismo y formando decididamente parte del conjunto español. Nuestras actuaciones políticas y de gobierno, de participación activa en órganos y foros de coordinación, han reforzado nuestra presencia, nuestra voz y nuestra opinión en España, contribuyendo de forma constructiva a la configuración de su voluntad en temas de política nacional e internacional.

Rememoraré, con agrado especial, si se me permite señor Presidente, la primera visita oficial de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y de Gerona a nuestra Comunidad. Creo que servimos bien al interés general y expusimos con claridad y rigor nuestras razones, consiguiendo que el heredero de la Corona fuese testigo atento y directo de nuestros problemas, realidades y esperanzas. Me siento muy orgulloso de la calurosa acogida que le dispensaron en su visita todos los aragoneses, nuestras instituciones, los agentes sociales y nuestra sociedad civil.

Son claras las relaciones de cooperación con todas las Comunidades Autónomas de nuestro entorno, fortalecidas durante este año, así como con las de nuestros vecinos de Aquitania o del Midi pirenaico. Los resultados de estas acciones no se han hecho esperar. No olvidemos el impulso que ha recibido la reapertura del Canfranc.

Nuestro objetivo, la defensa de los intereses de Aragón en el conjunto del Estado y ante las Instituciones europeas, ha contado con el fortalecimiento en un caso, y la puesta en marcha en otro, de las oficinas del Gobierno de Aragón en Bruselas y Madrid. Dos importantes puntos de apoyo logístico que se han convertido en una útil realidad.

El Gobierno ha mejorado, perfeccionado y reforzado los mecanismos existentes de participación de la Comunidad Autónoma en asuntos europeos y de acción exterior.

En este corto periodo de tiempo se han desbloqueado y resuelto definitivamente contenciosos que la Comunidad tenía con la Comisión Europea en asuntos de quejas, como el de la Laguna de Gallocanta y el de la Ley de ordenación de la actividad comercial. Además, podemos asegurar que, en breves fechas, se archivará la queja, pendiente desde hace más de siete años, en relación con los regadíos de Monegros.

¿Cuál es la causa de nuestros principales problemas? ¿Y sus posibles soluciones?

Consideramos que la mayor parte de nuestros quebrantos se derivan de nuestra situación interior, de nuestro escaso poblamiento, de la avanzada media de edad de nuestra gente, de la extrema dispersión de nuestras poblaciones y de nuestra vecindad con territorios más favorecidos a los que, sin embargo, facilitamos recursos y servicios, en forma de energía, de formación o de otros modos.

Muy próximos a nosotros, nuestros vecinos de la España del litoral, a lo largo de la historia, han tenido una posición privilegiada respecto de la España del interior, lo que les ha permitido tanto económica como demográficamente un avanzado desarrollo. Esto nos ha llevado a que los desequilibrios territoriales que se producen en Comunidades Autónomas como la nuestra generen unos déficit que requieren a corto plazo grandes inversiones en infraestructuras de comunicaciones e hidráulicas que faciliten el mantenimiento y crecimiento de la población.

Estamos muy sensibilizados con estos problemas. La comunicación del Gobierno sobre política demográfica presentada en febrero ante el Parlamento y el Plan Integral aprobado expresa esta grave preocupación sobre la evolución de nuestra población.

Deberíamos preguntarnos, señorías, ¿poseemos algún activo? La respuesta es que sin duda los tenemos, y además son extraordinarios y muy valiosos. Aquí tenemos agua, espacio y una posición geográfica de enclave articulador.

Ahora bien, estos recursos, cada día más preciados, precisan de las necesarias infraestructuras que permitan su aprovechamiento. Y éstas, son competencia del Gobierno de la nación.

Esta es la idea básica, el punto de vista inicial y a la vez objetivo principal: La consideración del territorio aragonés como un emplazamiento inexcusable de infraestructuras para el transporte y las comunicaciones que nos sirvan para nuestro propio desarrollo pero que, a la vez y como ampliación de este beneficio, estén perfectamente conectadas con las redes nacionales y transeuropeas.

Estas infraestructuras han de tener capacidad suficiente para recuperar una centralidad no tenida en cuenta desde hace muchos años y desatendida a pesar de nuestra envidiable situación.

La intención es clara y rotunda: deseamos participar activamente en todo aquello que se planifique y diseñe en territorio aragonés. Con independencia de quién sea el titular de la competencia, pues siempre encontraremos fórmulas de cooperación y coordinación.

En los últimos meses, se han producido algunos pronunciamientos importantes por parte del Ministerio de Fomento, la mayoría de ellos contenidos en el Plan de Infraestructuras 2000-2007. Este Plan cuenta, por el momento, y pese a la existencia de algunas carencias, sobre todo en lo referente a plazos, con un voto de confianza del Gobierno de Aragón hasta que conozcamos y analicemos los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 y siguientes.

Al analizar los presupuestos estatales de este año ya advertimos que la autovía Teruel-Zaragoza -obra de vital importancia-, no contaba con partidas precisas. Manifestamos entonces nuestra inquietud por este hecho. Tampoco hemos visto las anunciadas dotaciones económicas de carácter extrapresupuestario. Y nueve meses después de que el Ministro Arias Salgado rechazase por innecesaria nuestra oferta de financiación anticipada, hoy ningún nuevo tramo se ha iniciado.

La infraestructura más inmediata, con amplísimas implicaciones para buena parte del territorio aragonés es la Estación Intermodal de Delicias y el acceso ferroviario a Zaragoza.

El Gobierno de Aragón ha respetado el compromiso adquirido por el anterior ejecutivo con el Ministerio de Fomento, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y el Ayuntamiento de Zaragoza para colaborar en la construcción de la Estación de Autobuses, integrada en el conjunto intermodal. Estamos participando en la adaptación de sus características a unos baremos y dimensiones lo más cercanos posibles al rendimiento óptimo como infraestructura de primera necesidad, largamente reivindicada, además, por amplios colectivos empresariales y sociales, y por los propios usuarios cuyo número va a ser muy superior al de los pasajeros del tren de alta velocidad.

El transporte, la infraestructura y la planificación ferroviaria han sido aspectos prioritarios para este Gobierno en los últimos doce meses, con independencia de que las competencias directas no estén en nuestras manos.

Quiero hacer sobre este apartado un apunte que me parece de vital importancia. El tren de alta velocidad, con todos sus beneficios y perjuicios, es una infraestructura que vertebra el territorio nacional. Pero el corredor ferroviario norte-sur, de Canfranc a Sagunto sería una herramienta mucho más poderosa si se encontrase en un estado correcto para su uso, y no en el actual.

Hemos impulsado y demandado las inversiones necesarias por parte del Ministerio de Fomento en este corredor, complemento imprescindible del tren de alta velocidad, buscando su rehabilitación integral como un gran pasillo ferroviario.

Esta insistencia se ha hecho si cabe más notable desde que el pasado 27 de marzo el Consejo Regional de Aquitania aprobase la inclusión y reserva de 340 millones de francos en el Contrato-Programa con el Estado francés.

El Gobierno de Aragón comparte y apoya sin condiciones los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de España y Francia en la cumbre de Santander del pasado 23 de mayo, no sólo sobre posibles inversiones en ambas vertientes del trazado, sino la decisión compartida de instar a las autoridades comunitarias para que el trazado Pau-Canfranc-Zaragoza sea inscrito en la revisión del Esquema de Redes de Transporte Transeuropeas.

El pasado 15 de junio, en su comparecencia ante el Parlamento español, el Ministro de Fomento apostó por la alternativa más ambiciosa, es decir, ancho internacional de Canfranc a Zaragoza y electrificación en todo su recorrido.

Esta decisión tiene una trascendencia de largo alcance. Supone que el medio pirenaico quede liberado de instalaciones, siempre complejas, para la ruptura de carga. Pero, además, situaría a la Plataforma Logística de Zaragoza, PLA-ZA, como la única instalación de grandes dimensiones de toda la Península Ibérica, dotada de ancho europeo y con capacidad de penetración en el resto de Europa.

Estimo, por tanto, que entre todos hemos conseguido crear un ambiente ilusionante en torno al futuro ferroviario, asentado además en estudios técnicos rigurosos y con un grado elevado de consenso político.

Pero no olviden sus señorías que el cien por cien del déficit de los servicios regionales ferroviarios se equilibra con la aportación anual que hace el Gobierno de Aragón, una aportación que en el último año se acercó a los 500 millones de pesetas, y que sólo se mantendrá en el futuro si hay garantías de mejora en la prestación del servicio.

Sobre un nuevo trazado ferroviario que atravesaría el Pirineo Central a través de un túnel de baja cota, hemos seguido trabajando e impulsando el proyecto en la Unión Europea y en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, además de los encuentros bilaterales con Aquitania y Midi-Pyrénées, a los que también se incorporaron regiones como Limousin, Extremadura o el Alentejo portugués.

Desde las presidencias de las regiones francesas y desde la del Gobierno de Aragón se ha solicitado a los respectivos gobiernos centrales la toma de postura favorable a esta alternativa ante la revisión del actual Esquema de Redes Transeuropeas de Transporte. Nosotros seguimos avanzando en la delimitación técnica de ese túnel de baja cota para lograr que la Travesía Central de los Pirineos sea una realidad.

En cuanto al aeropuerto de Zaragoza, seguiremos buscando otras políticas activas para su promoción a través de la sociedad Spainzaz, participada por el Gobierno. Pero no hay que olvidar que los instrumentos o herramientas para que este aeropuerto pueda competir con los de su entorno, deberán ser resueltos por la Administración Central. En este sentido es necesario que disponga de 24 horas de aduana, puesto de inspección fronteriza plenamente operativo, laboratorio para el análisis de muestras y nave de perecederos. Seguimos demandando la aprobación definitiva y la ejecución del Plan Director del Aeropuerto, e incluso estaríamos dispuestos a participar en la cogestión de esta vital infraestructura.

Seguimos sin respuesta del Ministerio de Fomento a nuestra reiterada demanda de una segunda estación ferroviaria en el aeropuerto de Zaragoza, que, a través del tren de alta velocidad, serviría de base para los vuelos con dificultades de acceso a los aeropuertos de Barajas y El Prat. Esta segunda estación del tren de alta velocidad en el entorno del aeropuerto apoyaría a los tráficos de mercancías ligeras y de viajeros que generase la propia Plataforma Logística y la Feria de Muestras.

El objetivo es muy claro. Que los convoyes de alta velocidad que crucen territorio aragonés tengan una parada obligatoria en Zaragoza. En unos casos, en la Intermodal de Delicias; en otros, los que utilicen el by-pass sur de la ciudad, junto al aeropuerto.

Sobre las grandes cuestiones relacionadas con las infraestructuras y el transporte he dejado voluntariamente para el final el proyecto de crear una gran Plataforma Logística en la ciudad de Zaragoza, en las inmediaciones del aeropuerto, para lo que se ha creado una empresa pública con el Ayuntamiento de Zaragoza, abierta a la participación de la iniciativa privada.

La Plataforma Logística no puede ser nunca un soporte aislado. Ya me he referido anteriormente a la importancia de la segunda estación del tren de Alta velocidad y de la extensión del ancho de vía internacional desde Canfranc a Zaragoza. No cabe la menor duda de que las inversiones contempladas en el Plan Director del Aeropuerto y el apoyo al túnel de baja cota serían, todos ellos, elementos que dotarían a la Plataforma de un atractivo y consistencia difíciles de igualar en el sur europeo.

Existe, además, un grado de consenso indiscutible sobre la oportunidad y las dimensiones del proyecto. Nuestra apuesta sigue siendo inequívoca en la dirección única de conseguir el máximo apoyo institucional, administrativo y económico para este proyecto.

¿Se imaginan la gran transformación de la realidad que conseguiríamos si también prospera el proyecto de Zaragoza como sede de la Exposición internacional en el año 2008, que cuenta con nuestro apoyo expreso y activo?

Todas estas acciones en materia de infraestructuras están acompañadas de una actuación en la Red Autonómica de carreteras, de competencia exclusiva de la Comunidad.

Estamos trabajando en este primer año con un presupuesto de 6.849 millones de pesetas, de los cuales 4.262 van destinados directamente a inversión en la propia Red, una cuantía que supone un aumento del 13% con respecto al anterior presupuesto. Se trata de cantidades a las que hay que sumar, lógicamente, las actuaciones que se llevan a cabo a través del Plan de las Cuencas Mineras y del Plan Especial de Teruel.

Nos estamos dotando de infraestructuras modernas en telecomunicaciones, como el importante proyecto del cable, que pretende proporcionar a los ciudadanos y a las empresas las infraestructuras necesarias para el acceso a la sociedad de la información. Este proyecto permitirá que el 75% de la población de la Comunidad tenga acceso a la fibra óptica con máxima anchura de banda y alta velocidad de transmisión en un plazo de 36 meses, con las tarifas más competitivas.

Añadimos también medios para las empresas que deseen incorporarse a la nueva economía como el Centro de excelencia en comercio electrónico en Huesca, y el Parque Tecnológico que próximamente se construirá en esa ciudad, además de otros instrumentos de apoyo que se están promoviendo.

El ejecutivo ha puesto en marcha otras decididas políticas públicas de vertebración territorial apoyadas en un modelo desconcentrado de desarrollo, y que garantizan a los municipios unos servicios mínimos para fijar la población. La apuesta por las comarcas, como el mejor elemento vertebrador del territorio, ha empezado a ser una realidad. Integrado en este programa se encuentra el desarrollo de las directrices de ordenación del territorio y las actuaciones con los entes locales.

Los problemas específicos de la provincia de Teruel han servido de base para diseñar políticas territoriales que contribuyan a fijar su población, a través de la formulación de actuaciones que posibiliten la creación de infraestructuras y de empleo. La exigencia del cumplimiento de los compromisos del Gobierno Central en el Plan de la Minería y la reorientación del Fondo Especial para Teruel han sido ejes de nuestra política, así como nuestro apoyo incondicional a las reivindicaciones de la plataforma "Teruel Existe".

Además del proyecto de ley de creación de la comarca del Aranda, en tramitación parlamentaria, otros cinco anteproyectos se encuentran en trámite de información pública, y se ha puesto en marcha el proceso de comarcalización en las 33 delimitaciones que establece la Ley, con formalización de convenios inversores para actuaciones de interés comarcal con una vigencia de cuatro años. Si algo ha de destacarse de este proceso es, sin duda, la colaboración institucional que se ha conseguido, sin precedente alguno en nuestra Comunidad.

En tiempo y forma se ha desarrollado el compromiso adquirido por el Gobierno de elaborar las directrices instrumentales, únicas de obligado cumplimiento para el Gobierno, que se establecen en la Ley de Directrices Generales de Ordenación del Territorio.

En cuanto a actuaciones con las entidades locales, quiero destacar el incremento en los recursos destinados a las entidades locales a través del Fondo de Cooperación Municipal y el programa de Política Territorial, y la eficacia en articular su completa ejecución.

Durante este año hemos realizado un decidido ejercicio de todas las competencias de la Comunidad.

Pero debemos destacar el esfuerzo en el inicio efectivo del ejercicio de algunas nuevas e importantes, como la de educación no universitaria. El pasado mes de septiembre de 1999 arrancó el primer curso gestionado directamente por la Comunidad Autónoma. No sin dificultades, pues la falta de previsión y planificación con la que nos encontramos era grande.

El claro objetivo de la actuación del Gobierno en esta materia no es otro que el de mejorar significativamente la calidad de la enseñanza en Aragón.

En el curso pasado hemos asentado las bases fundamentales, sobre las que se desarrollará el sistema educativo en los próximos años. Nuestro método ha vuelto a ser el general que rige el actuar de este Gobierno: el acuerdo y el entendimiento, en este caso con toda la comunidad escolar y su entorno. La firma del Pacto por la Educación en Aragón materializa y explicita este método de trabajo para la mejora de la enseñanza. Este instrumento, asumido por 23 organizaciones sociales, nos permite diseñar un modelo educativo propio, asentado en una sólida base.

No puede ocultarse la dificultad en la gestión de esta competencia, sobre todo en un territorio extenso y desigualmente poblado. Sin embargo, la mayor parte de los indicadores demuestran que la calidad global de la educación en Aragón está por encima de la media nacional. Señorías, les recuerdo que más de la mitad de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma atienden la enseñanza no universitaria. Sólo esta competencia supone casi el 30% de nuestro Presupuesto.

Durante este primer curso se ha asentado la transferencia. En primer lugar, creando un Departamento específico de Educación y Ciencia. Ampliando el presupuesto dedicado a educación. Reordenando los centros y resolviendo las disfunciones que nos encontramos en el contenido material de la transferencia: situaciones funcionariales, dotaciones de puestos...

Hemos puesto también en valor la transferencia. Para ello se han adoptado distintas y variadas medidas con el profesorado, a los que se dedicó el primer año un esfuerzo especial, que consiste, fundamentalmente, en la mejora de sus condiciones laborales: aumento retibutivo, regulación de interinidad, incremento de plantillas, integraciones, licencias...

Se han organizado y modernizado los centros, dotándolos de mayor autonomía económica, creando nuevos departamentos, bajando ratios de alumnos, realizando inversiones, incorporando nuevas tecnologías... Son precisamente los centros, núcleos del sistema educativo, el objetivo principal de actuación para este curso que ahora hemos comenzado, en el que avanzaremos también en los nuevos diseños curriculares.

Son también objetivos prioritarios para este curso la ampliación de la oferta educativa, la "aragonesización" del curriculum, el establecimiento de nuevas ayudas a las familias -como la gratuidad progresiva de los libros de texto-, la ley de educación permanente y los planes de descentralización hacia los municipios.

Pretendemos que la sociedad aragonesa pueda participar en la educación. Se han constituido todo tipo de mesas sectoriales y encuentros, y se ha creado el Consejo Aragonés de la Formación Profesional.

Inspirado en el mismo objetivo, la mejora de la calidad de la enseñanza, se han regulado por ley, y a través de otros instrumentos, unas bases de relación estable entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, permitiendo a la Institución académica, en uso de su autonomía, planificar su evolución, crecimiento y mejora con escenarios claros y precisos. Se han fijado unos incrementos de la subvención incondicionada que aporta la Comunidad Autónoma superiores al triple de la media de lo que había recibido hasta ahora. Simultáneamente, las Cortes de Aragón están diseñando, por primera vez, el modelo de educación superior que se quiere para nuestra Comunidad.

Esfuerzo, también del ejecutivo, en crear un derecho universitario aragonés propio, como los trabajos novedosos ya ultimados de regulación de contratos programa o el diseño avanzado de un modelo de financiación, que aportan nuevas fórmulas en el contexto nacional, y garantías para la Institución académica. O el Plan de Investigación, y el proyecto de ley de la Ciencia en la Comunidad Autónoma de Aragón, casi concluidos.

Se han incrementado en un 40 % los recursos destinados a proyectos de investigación en temas de interés para Aragón, mejorado las becas predoctorales y puesto en marcha programas de ayudas, fórmulas para la contratación de jóvenes investigadores, mejora de la infraestructura científica...

El Gobierno ha impulsado la implantación de nuevas titulaciones atendiendo a las demandas sociales y los acuerdos del Consejo Social, con una adecuada distribución territorial en los distintos campus de la Comunidad Autónoma. Se han autorizado la implantación de tres nuevas titulaciones, cuya impartición se inicia en este curso: dos licenciaturas, una en Huesca y otra en Teruel y una Diplomatura por adscripción de centro en Zaragoza.

La cultura es hoy, sin paliativos, para el Gobierno, un fundamento de nuestra identidad, de nuestra riqueza y de nuestro futuro. Del amplio conjunto de proyectos y actuaciones puestas en marcha en materia cultural, así como en turismo y deporte, destacaré el inicio de la rehabilitación y ampliación del Gran Teatro Fleta, del que se ha convocado el concurso de ideas para la realización de las obras y se prevé su inauguración para la primavera del año 2003.

Acentuando nuestra identidad, estamos celebrando los centenarios de Luis Buñuel y María Moliner, y preparado los de Baltasar Gracián y Ramón J. Sender para el próximo año.

Y, cumplimos con un importante reto: mantener, cuidar, restaurar, conservar y, al mismo tiempo, potenciar y divulgar nuestro activo artístico y cultural. Valgan como ejemplos el reciente acuerdo firmado para la rehabilitación del Monasterio de Sijena, y el inicio de las obras de rehabilitación de la estación de Canfranc.

Y el mismo reto se afirma en la defensa de los valores medioambientales indispensables para un desarrollo colectivo, solidario y sostenible. Aunque las actuaciones y programas medio ambientales han supuesto una notable mejora en el desarrollo rural, forestal, de lucha contra la erosión y los incendios, de la gestión cinegética, desarrollo de la red de espacios naturales protegidos y otros, la verdadera actualidad medioambiental se encuentra especialmente en el Plan Hidrológico Nacional, al que más tarde me referiré.

De la misma manera, hemos hecho una apuesta de futuro por el desarrollo de las energías renovables, especialmente en el campo de la energía eólica, aumentando significativamente la potencia a instalar a lo largo de la presente Legislatura.

Este ejecutivo atribuye a las políticas sociales, especialmente las referidas a menores, mayores, minorías, otros sectores desprotegidos de la sociedad y a la cooperación al desarrollo, una gran importancia, por lo que ha incrementado la atención y las acciones dirigidas a tal fin.

Y no cabe duda de que el acceso a la vivienda es una de las preocupaciones de miles de aragoneses hasta el punto de que la situación, con una subida constante de precios y el encarecimiento de las hipotecas, se torna ya en inaccesible para muchos si no se produce una acción inmediata de las administraciones públicas.

Nuestra política consiste en recuperar el protagonismo en la promoción de viviendas de protección oficial, paralizadas en la legislatura anterior. Es evidente que el mercado por sí solo no es capaz de generar soluciones a un problema que parece alimentarse por sí mismo para crecer. Estamos dispuestos a participar, junto a otras administraciones y particulares, en la promoción de viviendas asequibles, y en la medida de nuestras posibilidades, queremos generar un patrimonio público de suelo como soporte a estas viviendas, a pesar de que la última regulación del Estado, ya recurrida, invade las competencias de Aragón en materia de urbanismo.

El Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón ha calificado en este último año en torno a 1.400 viviendas y acaba de entregar 219 en Parque Goya, amén de otras 766 que se encuentran en distintos grados de ejecución.

Se han adjudicado las obras de urbanización de Parque Goya en su segunda fase, para construir hasta otras 2.500 viviendas de protección oficial en sus distintos regímenes, y se ha llegado a acuerdos básicos con el Ayutamiento de Zaragoza para procurar su incremento en un futuro inmediato.

Con destino a matrimonios y jóvenes menores de 35 años, se están construyendo más de 1.000 viviendas protegidas en las tres provincias aragonesas.

Todo ello nos sitúa en el buen camino para cumplir el compromiso adquirido en el discurso de investidura.

Consideramos que debe agilizarse el traspaso de funciones y servicios que están pendientes. Entre ellos, a corto plazo, las políticas activas de empleo, la transferencia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, y las del Insalud.

Para la asunción y el ejercicio de estas nuevas competencias, y el conjunto de las que se dispone, se han realizado importantes y rigurosas tareas de adecuación organizativa, diseñando una estructura departamental y orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que permita una gestión eficaz y eficiente de las mismas, y con previsión y planificación anticipada a la asunción de las que están pendientes.

En esta misma dirección, el Consejo de Gobierno, ayer mismo, ha acordado remitir una comunicación a esta Cámara sobre "La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ante el proceso de comarcalización"

Entre las tareas de organización que apuntamos hay que contar con el diseño de un nuevo modelo sanitario propio, previo a la transferencia del Insalud, que ha reunido en el ámbito de la Comunidad las funciones, servicios y establecimientos sanitarios de las diputaciones provinciales. Acciones de organización que no pierden de vista las tareas de adecuación de la red sanitaria, la ampliación de servicios como el helicóptero medicalizado...

Y una tarea también felizmente culminada, la apertura del Hospital Royo Villanova y, además, como Hospital General del Área V, dejando de ser un centro complementario y pasando a tener la misma consideración que el resto de hospitales que el Insalud tiene en la Comunidad Autónoma.

Las actuales perspectivas de la situación económica aragonesa se encuentran empañadas por la incertidumbre que en los últimos meses han sembrado el alza sostenida de los precios del petróleo, la depreciación del euro y el repunte de la inflación.

Hay que destacar que, excepto la agricultura, todos los sectores de la economía (industria y energía; construcción; servicios) crecieron más en Aragón que en el conjunto de España. Aragón cuenta con la oportunidad de sumarse al progreso y la prosperidad que el proceso de consolidación de la Unión Europea ha de traer para aquellos de sus miembros que sean capaces de innovar, trabajar y adaptarse constantemente a las exigencias del mercado único.

La adecuada formación de los recursos humanos es el factor clave del éxito económico en una economía globalizada y en constante evolución. La educación y la formación, en todos sus niveles, constituye la mayor apuesta de futuro que una Comunidad Autónoma puede hacer con vistas a un crecimiento duradero. Pero además, los nuevos tiempos exigen coordinar, en sus objetivos y en sus medios, tal como se hace desde comienzos de este año, la formación profesional reglada, la ocupacional y la continua.

Un aspecto básico de nuestra realidad económica es todo lo referente a nuestro sistema de financiación. El sistema de financiación vigente ha fracasado tanto en la corresponsabildad como en la suficiencia. No se ha conseguido compartir la responsabilidad fiscal porque se eligió el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas como único soporte, se cedió escaso margen normativo y no se permitió ninguna colaboración en la gestión tributaria.

No se olvide que la Comunidad Autónoma será pronto responsable de todos los servicios que presta el Estado de bienestar, cuando se completen las transferencias detalladas. Y que el coste de prestar estos servicios con la calidad suficiente crece exponencialmente, máxime en un territorio que acoge de forma muy dispersa una población envejecida.

Ha llegado el momento de negociar un nuevo modelo de financiación autonómica para el periodo 2002-2006 y esperamos, en beneficio de la consolidación del Estado de las Autonomías, que no se pretenda repetir la marginación de las Comunidades no gobernadas por el Partido Popular.

En la negociación del nuevo modelo, defenderemos el acuerdo que alcancen las Cortes de Aragón. En todo caso, creemos que puede decirse que Aragón está dispuesto a asumir su responsabilidad en materia fiscal, siempre que se disponga de los instrumentos adecuados para ejercerla, porque en definitiva, se trata de dar contenido a los principios constitucionales de autonomía y suficiencia. Pero el otro principio esencial es la solidaridad, para la que Aragón defiende que se unifiquen los correspondientes instrumentos de compensación territorial.

No es posible separar el modelo de financiación autonómica de la nivelación de servicios o de las políticas de desarrollo regional, tal como se ha venido haciendo hasta ahora. Por un lado, esta nivelación debe asegurar que todos los ciudadanos reciben servicios básicos similares, lo que en Aragón no puede cumplirse si se otorga con este fin una financiación por habitante igual para todas las CC. AA. (casos de la sanidad y la educación).

Por otro, el Fondo de Compensación Interterritorial, del que Aragón está excluido, al sumarse a las políticas estructurales europeas del objetivo 1, da lugar a enormes diferencias entre las CC.AA españolas. El Gobierno pedirá una modificación de dicho Fondo, que permita desvincularlo del objetivo 1 y en todo caso, una mayor dotación del Fondo Especial para Teruel.

No olvidemos por último que el artículo 48 del Estatuto de Autonomía obliga a la negociación entre el Gobierno Central y la Comunidad Autónoma de Aragón en esta materia. Ya hemos presentado un primer documento para su estudio a la Comisión Especial de esta Cámara.

Todas las soluciones pasan por compartir la cesta de los impuestos. En todo caso, debemos buscar el consenso de las fuerzas políticas aragonesas en torno a una propuesta viable, para defender en la negociación con el Gobierno central la alternativa que sea más beneficiosa para los intereses de los ciudadanos aragoneses desde la premisa de nuestra firme voluntad de colaboración con el resto de España.

Como todos ustedes recordarán el agua fue parte importante del discurso de investidura. Les dije, resumiendo, que el agua era consustancial al presente y al futuro de nuestra tierra y que me proponía trabajar duramente para recomponer el consenso hídrico en Aragón. A esos efectos, presenté ante la Cámara como idea y compromiso personal y de la acción de mi futuro Gobierno la creación de un Instituto Aragonés del Agua, que reuniera todas las competencias administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón y que sirviera para que en su seno, con representación de todos los interesados en el tema y de la Administración de la Comunidad Autónoma, se discutieran las cuestiones relativas a su utilización y se alcanzaran los consensos básicos para avanzar en esta delicada y fructífera materia.

Señorías: en congruencia con el compromiso que les he recordado, hace casi dos meses que el Gobierno envió a esta Cámara el Proyecto de Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua de Aragón. Quiere ello decir que la tarea específica del Gobierno en ese ámbito está cumplida pues el proyecto contempla, entre otras muchas cosas, la creación de ese Instituto Aragonés del Agua definido como una Entidad de Derecho Público dentro de la cual se configura una Comisión del Agua de Aragón en la que se da entrada a representaciones de usuarios, consumidores, organizaciones ecologistas, expertos, representaciones locales etcétera, que pueden contribuir a un debate libre y sin cortapisas, y al éxito en la formulación de nuestra política.

Es obvio que con las anteriores palabras he comenzado a hablarles del Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional con que el Gobierno de la nación nos ha sorprendido a todos en pleno verano. Un Anteproyecto de Ley en el que como única medida de política hídrica se contempla un trasvase del Ebro hacia el arco mediterráneo de 1.000 Hectómetros cúbicos. ¡De nada menos que 1.000 Hectómetros cúbicos!

Cuando llegaron las primeras noticias -más bien filtraciones- de ese contenido del Plan Hidrológico Nacional reaccioné inmediatamente afirmando que vulneraba los intereses estratégicos de Aragón y que, por lo tanto, me oponía a él frontalmente. Cuando hemos podido consultar el Proyecto de Ley y los documentos que lo acompañan, mi reacción, sin renunciar un punto a lo ya dicho, ha debido avanzar en cualidad e intensidad pues no es cierto solamente que el Plan Hidrológico Nacional formulado por el Gobierno del Partido Popular lesione frontalmente los intereses de Aragón, sino que afirmo tajantemente, además, que éste es un mal Plan Hidrológico Nacional puesto que es contradictorio con los verdaderos intereses de España.

¿En qué consiste el Plan Hidrológico Nacional?: en un trasvase del Ebro. Sólo del Ebro.

Señorías: ¿para eso tantos años de estudio?, ¿tantos contratos a consultorías de prestigio? El Gobierno central cree que con un trasvase del Ebro se acaba la degradación de los acuíferos de La Mancha occidental, la presión insoportable sobre el Guadalquivir por la puesta en regadío sin ordenación alguna de cientos de miles de hectáreas de olivo, el proceso de regresión del Delta del Ebro, las concesiones abusivas de tantos lugares, las pérdidas insostenibles en los sistemas de abastecimiento urbano y en las redes de los grandes sistemas de regadío, la intrusión marina en los acuíferos costeros, los vertidos ponzoñosos en los espacios naturales protegidos, la falta de reutilización efectiva de las aguas residuales, la ausencia de una política mínimamente consistente de puesta en servicio de desaladoras, la falta de soluciones para nuestros regadíos siempre en estado de espera ¿Todo eso se arregla con un trasvase del Ebro?

Pensaba, porque lo había leído en los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado, que las soluciones en política hídrica propugnadas por el Partido Popular consistían en aprobar y ejecutar primero los Planes Hidrológicos de Cuenca y luego el Plan Hidrológico Nacional. Lo que no quiere decir que una vez aprobados los planes de cuenca no haya que hacer nada más. No. Se trata, además de aprobarlos, sobre todo, de ejecutarlos. De comprobar en qué consiste esta ejecución. Cómo varían los balances hídricos. Cómo se aplican efectivamente políticas de ahorro, de reutilización, de desalación y qué resultados tienen.

Pero ¿alguien puede decir que unos Planes aprobados en agosto de 1998, con unas normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado en el verano de 1999, cuentan ya con la suficiente perspectiva como para poder sacar conclusiones y emprender políticas como la trasvasista?

E igualmente yo había leído en el Libro Blanco del Agua -sin saber si creérmelo o no- que había dos tipos de cuencas hidrográficas deficitarias en España. Unas tenían déficit estructural y otras coyuntural. Estas últimas eran las que con la aplicación de políticas de realización de obras hidráulicas, de reutilización y de ahorro de agua, podían equilibrar sus balances. Mientras que las cuencas con déficit estructural eran aquéllas que aun con la puesta en marcha de todas las políticas imaginables, no podían conseguir un equilibrio hídrico y, por lo tanto, necesitaban aportes externos, trasvases de agua.

El Libro Blanco del Agua decía que de estas últimas cuencas con déficit estructural solo había una en España, la cuenca del Segura.

¿Cómo es posible que sólo un año más tarde se nos diga que también hay que llevar agua al Júcar y a las cuencas internas de Cataluña si éstas no tenían déficit estructural? ¿Qué ha cambiado en un año? Cualquiera pensaría que lo que ocurre, simplemente, es que en la conducción del agua hacia el Segura hay que pagar ciertos peajes. Como en las autopistas.

Y, finalmente, leí también en el Boletín Oficial del Estado en diciembre de 1999 que se iniciaba el mercado del agua en nuestro país y que ese mercado iba a servir, tal y como decían sus apologetas, para un uso más eficiente del agua, conducida por la mano invisible del mercado hacia las utilizaciones económicamente más rentables, con lo cual se producirían resultados ambientalmente muy valorables y entre ellos, y en primera línea, la falta de necesidad de realizar obras hidráulicas.

Señorías, sin aplicar el mercado del agua, sin haberse celebrado un solo contrato de cesión de derechos de uso de agua -pues no es posible hacerlo en tanto no se desarrolle reglamentariamente la Ley-, resulta que con este Plan Hidrológico Nacional pasamos a otro estadio de la política hidráulica consistente en realizar un único trasvase desde el Ebro.

Esto no es serio, simplemente, sino que constituye una auténtica falta de cumplimiento de los compromisos políticos y, en el fondo, una irresponsabilidad.

En efecto, como irresponsabilidad hay que tratar en los finales del año 2000, la formulación de un Plan Hidrológico Nacional, que como única medicina para los males del país, formule como propuesta un trasvase del Ebro.

No hay una palabra en todo el Plan Hidrológico Nacional sobre otras técnicas y modos de actuación. La primera en la que se piensa es en la desalación y ello porque un niño sabe que el primer recurso hídrico del arco mediterráneo es el mar.

Sin embargo, la descarnada política trasvasista del Plan Hidrológico Nacional no se confronta ni un solo momento con las posibilidades de la desalación. Señorías: no pido un volumen de quinientas páginas sobre ello. Me conformaría con un simple capítulo en el que se razonara sobre cosas tales como:

a) Precio del agua desalada cuando se combina con técnicas de cogeneración de energía.

b) Comparación con los precios del abastecimiento y del regadío de vanguardia.

c) Impactos ambientales de la desalación.

¿Saben, señorías, que la única desaladora ahora en construcción, la de Carboneras en Almería, permite la producción de 80 Hm3? ¿Saben que el precio del agua desalada, cuando se combina con generación de energía, es de 60 pesetas metro cúbico, y puesto en parcela, de 75 pesetas?

Una desaladora produce 80 Hm3. La cuantía del trasvase al Segura, tal y como lo diseña el Plan Hidrológico Nacional, importa 400 Hm3. Eso quiere decir, con una sencilla división, que con cinco desaladoras estaría el problema resuelto y con un precio absolutamente competitivo cuando las mismas cifras proporcionadas por el Plan Hidrológico Nacional dicen que el precio medio en el arco mediterráneo del abastecimiento en las ciudades es de 150 pesetas por metro cúbico, siendo este precio ilustrativo.

Además, la experiencia de Canarias, donde todas las ciudades importantes se surten de agua desalada, ha demostrado que los costes inducen a una mejor utilización de las redes urbanas.

¿Hubiera costado algo dedicar unas líneas a esta cuestión? ¿Por qué el silencio? ¿Solamente se trata de aportar recursos desde fuera?

Y se trata de aportar recursos, además, desde el Ebro, esas tierras de montañeses rústicos donde cada día quedan menos y donde, además, algunos osados han alterado el orden natural de las cosas y conquistado el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y todo esto a nuestras espaldas. Sin una línea de información a la Comunidad Autónoma de Aragón. La formulación de un Plan de incidencia territorial innegable como es el Plan Hidrológico Nacional se realiza sin preguntarnos nuestra opinión pero, además, en las Comisiones de trasvase que se prefiguran por la Ley para gestionarlo tampoco aparecen las Comunidades Autónomas. Está el Ministerio de Medio Ambiente, los Organismos de cuenca afectados y los usuarios.

Me imagino alguna de las respuestas posibles a estas preguntas que me hago. Supongo que irán en la línea de Fraga Iribarne, que -siendo Ministro- fue preguntado sobre la falta de consultas en torno a la elaboración de una Ley, y respondió: ¿acaso se pregunta sobre la Ley de caza a los conejos?

Pero vamos a hablar: ¿es factible, señorías, que se haga política territorial en los comienzos del nuevo milenio en España sin contar con las Comunidades Autónomas?

¿Cómo no se han dado cuenta de cuál es la real estructura de nuestro Estado?

¿Cómo no han visto, con la cantidad de ejemplos que nuestra historia reciente nos proporciona, que no se puede hacer nada contra las Comunidades Autónomas, nada sin el concurso de las Comunidades Autónomas?

La gestión del agua ha dejado de ser un coto cerrado de los técnicos de las Confederaciones y de los usuarios entendidos al modo tradicional. La gestión del agua que nosotros queremos potenciar es, fundamentalmente, una gestión al servicio de los ciudadanos y en la que quienes representan los intereses generales como las Comunidades Autónomas debemos tener una participación esencial. Por eso mismo rechazamos de plano las retrógradas concepciones del Plan Hidrológico Nacional en este punto.

Que nadie se sorprenda si el pueblo aragonés está dispuesto a movilizarse contra el trasvase. Aprovecho para felicitar a IU, CHA, PAR y PSOE por haber sido capaces en este tema de aparcar sus diferencias, y encontrar un punto de acuerdo en la defensa de nuestros intereses estratégicos relacionados con este Plan Hidrológico Nacional. La felicitación también la hago extensiva a las organizaciones sindicales y empresariales convocantes del acto de protesta ciudadana del próximo día 8 de octubre, que vuelven a evidenciar, una vez más, su liderazgo social.

Si hubieran dado la voz a la Comunidad Autónoma de Aragón en este proceso, entre muchas otras cosas les hubiéramos planteado el modelo de agricultura que se quiere potenciar en este país. Y les hubiéramos aportado razonamientos que, otra vez, rompen la rutina de aquello a lo que estamos acostumbrados: ¿tenemos que producir en el Segura lo que puede producirse perfectamente en el norte de Africa? ¿Debemos contratar, entonces, mano de obra africana para impedirles hacer en su país durante unos años lo que inevitablemente acabarán haciendo más bien pronto que tarde? ¿No es llegado el momento, en estos tiempos de globalización innegable, de plantear también, fuera de todo tipo de egoísmos y de miras cerradas y tradicionales, dónde radican los verdaderos intereses estratégicos de España en el ámbito de la producción agrícola?

El debate del Plan Hidrológico Nacional muestra la actualidad de una cuestión tantas veces postergada entre nosotros: la necesidad de plantear el desequilibrio evidente entre el interior y la periferia. Hay que debatir con celeridad sobre el modelo de país que se quiere y, sobre todo, por el sentido de las políticas territoriales que se están llevando.

Desde mi posición no hay la más mínima duda acerca de la necesidad de reequilibrar los actuales procesos de concentración de la riqueza y de la población en la costa que llevan consigo una esquilmación de los recursos naturales con un mal final predecible porque es una política literalmente insostenible.

Frente a ello hay que poner el énfasis en un uso natural y equilibrado de las múltiples posibilidades del territorio, en hacer bascular los ejes otra vez hacia los inmensos desiertos que se están creando en los que puede perfectamente vivirse con gran calidad y producir bienes y servicios al mejor de los niveles imaginables. Se trata, simplemente, de querer hacerlo.

En el mundo que se viene encima, que ya está entre nosotros, el territorio es en sí mismo un activo. Aragón lo tiene fuera de toda duda y en gran cantidad. Es necesario que las políticas territoriales del Gobierno de la nación cambien de signo y descubran lo que para nosotros es evidente.

Parece sangrante el retraso enorme en la construcción de las vías de comunicación norte-sur; es sorprendente el tiempo que estamos empleando para convencer a todos de la necesidad de los pasos ferroviarios por los Pirineos; es un simple derroche que un aeropuerto como el de Zaragoza esté en el estado de latencia en el que se encuentra. Asombra que deba ser una batalla política la de conseguir una frecuencia razonable en el paso y parada de los trenes de alta velocidad en Zaragoza. El debate sobre el Plan Hidrológico Nacional hace aflorar necesariamente las inmensas carencias de Aragón, sonando a chiste, a broma, las llamadas a la solidaridad que con evidente hipocresía se nos hacen desde el Gobierno de la nación.

Y, finalmente, hablemos del caramelo. Porque pareciera que nos han tomado por niños. El caramelo del que hablo es el Pacto del Agua. El mensaje paternalista del Estado consiste en decir: te reconocemos en el Plan Hidrológico Nacional el Pacto del Agua. Tómalo y cállate. Cógelo y déjanos hacer.

Señorías: me sobra en este momento cualquier discurso relativo a la consideración del Pacto del Agua en el Plan Hidrológico Nacional. Es más: me molesta que me recuerden el Pacto del Agua precisamente ahora.

La batalla del Pacto del Agua ya la ganó Aragón en su momento. ¿Saben cuándo? Cuando en febrero de 1996, todavía con Gobierno socialista en el Estado, conseguimos que el Consejo del Agua de la cuenca del Ebro aprobara el Plan Hidrológico de Cuenca, con la inclusión textual en él del Pacto del Agua.

Posteriormente, el Gobierno del PP, en el verano de 1998, aprobó el Plan Hidrológico del Ebro sin cambiar una coma, igual que hizo con todos los Planes Hidrológicos de Cuenca, con lo que el Pacto del Agua quedó incorporado al ordenamiento jurídico y, por otra parte, las obras en él comprendidas declaradas de interés general del Estado.

Ya no hace falta nada más.

Lo único que hace falta es que el Pacto del Agua se ejecute. Y, por tanto, en el debate que ahora se inicia del Plan Hidrológico Nacional me niego a hablar del Pacto del Agua. Porque Aragón no tiene que conseguir las victorias dos veces. Ya lo hizo en su momento. Al Gobierno de la nación le corresponde cumplir lo que él mismo ha aprobado.

Por si a alguien le quedan dudas, diré lisa y claramente que el Pacto del Agua no es el precio de la aquiescencia al trasvase sino, al contrario, algo que se nos debe y se nos debe por unas contrapartidas que ya hemos dado.

Las contrapartidas son el olvido durante tanto tiempo. Las promesas no cumplidas. La situación de las comunicaciones que les he narrado. Las emigraciones constantes de nuestros jóvenes. Los desiertos interiores en nuestros llanos, valles y montañas. Esa es la contrapartida del Pacto del Agua que ya hemos pagado.

El Gobierno de la nación sabrá si quiere ejecutarlo o no, y el Partido Popular en Aragón sabrá si quiere ofrecer a los aragoneses el espectáculo de entrar en un mercadeo en el que todo consiste en que alguien nos quiere vender dos veces la misma mercancía. Eso se llama timo, y los aragoneses no vamos a ser timados.

En resumen, señorías, sepan todos que el Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, representante de todos los aragoneses, no regala el Ebro a cambio de algo que ya es nuestro.

E igualmente les digo que el Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, que como tal es una autoridad del Estado, no va a renunciar a explicar a todos los españoles que aquí nadie se ha sentado en un botijo, sino que desde nuestro conocimiento muy especial sobre los problemas del agua, estamos en disposición de decirles a todos que España necesita una política del agua distinta, que España necesita un Plan Hidrológico Nacional distinto y que, por tanto, éste debe ser inmediatamente retirado y abrirse un proceso de negociación sobre unos fundamentos de política del agua radicalmente distintos a los que este documento que rechazamos de plano contiene.

Señorías, he tratado de hacer un rápido, pero fundado, repaso a las cuestiones básicas sobre la realidad actual y futura de nuestra Comunidad.

Saben que no me gusta dramatizar, ni tan siquiera exagerar. Pero estamos viviendo en Aragón un momento crucial. Tanto, que en él están guardadas, en buena medida y de forma determinante, las posibilidades que tenemos. Si perdemos la oportunidad, si no nos dan la oportunidad, sepámoslo bien, enterraremos, quién sabe por cuánto tiempo, nuestro futuro. De las comunicaciones y las infraestructuras posibles, del agua y su uso, están hoy pendientes, sin que quepan ya retrasos, el desarrollo y el bienestar a que aspiramos.

Señorías, las promesas perdidas llevan demasiado tiempo recorriendo, para tranquilidad de inadvertidos, nuestro territorio. Nunca más. En pocos días, y en una escalada, espero que no para callarnos, estamos pasando de promesas milmillonarias a promesas imposibles.

Pero las obras nunca se hacen, las vías apenas se abren, los recursos se derivan. Y no estamos dispuestos, como recordaba León Felipe, a seguir viviendo de los cuentos.

Mi llamamiento a todos ustedes, a todos los grupos parlamentarios, mi voluntad de diálogo y acuerdo son ahora incluso más que una muestra de mi actitud, que siempre fue de encuentro. Son un medio básico para hacer de Aragón una Comunidad con horizontes.

Ha llegado el momento de la responsabilidad colectiva.

A todos llamo a la responsabilidad compartida.

A todos les pido el esfuerzo, sin excusas y discursos cambiados, por unos objetivos ineludibles.

Y ante todos, señorías, por parte del Gobierno, me comprometo.

Nada más. Muchas gracias, Señor Presidente.


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