DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS. Intervención del Presidente del Gobierno de Aragón

Palacio del Senado. 7, 8 y 9 de noviembre de 2005




Señor Presidente del Senado,

Señor Presidente del Gobierno de España

Señores Presidentes de Comunidades Autónomas

Señorías

Señoras y señores ministros:

Quiero comenzar mi intervención en este recuperado Debate sobre el Estado de las Autonomías con la constatación de que estos 25 años de Estado Autonómico en España han sido los más fructíferos de nuestra historia.

El reconocimiento de nuestras peculiaridades, ha supuesto el fin de dos siglos de conflictos entre españoles. Y ha permitido el mayor proceso de modernización económica y social de nuestro país.

Un progreso que se ha dado desde el principio de solidaridad y que ha permitido un gran crecimiento del país, que ha posibilitado que se redujeran las diferencias socioeconómicas entre las Comunidades Autónomas.

Un proceso que ha situado a España en Europa y que nos ha llevado a ser hoy el país más pujante de la zona euro. Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo contrastan con la situación de estancamiento que atraviesan Alemania, Francia o Italia, algunos de los gigantes europeos.

Sin duda, la gran novedad que aportó la Constitución española, respecto a las de nuestro entorno, fue el Título VIII. Los constituyentes preveían la creación del Estado Autonómico. Sentaban las bases para una nueva organización territorial y política de nuestro país.

Con la perspectiva del tiempo, podemos afirmar que el éxito es incuestionable. Pero también es cierto que el cambio que se ha producido en España en estos más de 25 años es tan profundo que necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos.

Señorías, algo más del 60% de los españoles de hoy no eran mayores de edad cuando comenzamos a construir el Estado Autonómico y una cuarta parte de nuestros conciudadanos ni siquiera habían nacido.

Es nuestra responsabilidad responder a los retos y las inquietudes de estas nuevas generaciones y analizar el funcionamiento de nuestro sistema para adoptar aquellos ajustes que permitan su mejora.

España se ha dotado de uno de los sistemas más descentralizados del mundo, al nivel de los Estados federales más avanzados.

Sin embargo, el análisis de estos años demuestra que no existen mecanismos de coordinación suficientes. La creación de la Conferencia de Presidentes o la recuperación de este Debate por parte del Gobierno del señor Zapatero, han sido pasos importantes.

Pero debemos dotarnos de órganos de representación permanente donde las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España podamos debatir y llegar a acuerdos sobre todos aquellos temas de interés nacional.

Y sin duda, ese órgano es el Senado. Un Senado entendido como auténtica Cámara de representación territorial, donde se reconozca de forma clara, como ya hace nuestra Constitución, que las Comunidades Autónomas somos una parte fundamental del Estado.

La reforma de la Constitución que ha propuesto el Gobierno de España y que está pendiente del dictamen del Consejo de Estado ya contempla la modificación del Senado.

Esta reforma debe servir para que nuestra Constitución reconozca los instrumentos de cooperación y cohesión necesarios para el buen funcionamiento del Estado Autonómico.

El Título VIII de nuestra Carta Magna admite la profundización en la capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas. Y en Aragón, como en otras Comunidades, hemos emprendido este camino.

Ya en la anterior legislatura autonómica, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad un dictamen para la reforma de nuestro Estatuto y desde hace meses una ponencia parlamentaria, también desde la unanimidad, trabaja en el nuevo texto que esperamos tener acordado el próximo mes de febrero.

No entraré aquí en detalles sobre la reforma. Pero precisaré, porque es un tema de actualidad estos meses, que entiendo que recoger en los Estatutos, de forma unilateral, los sistemas de financiación, supondría el quebranto del principio de solidaridad. La revisión del actual sistema de financiación debe discutirse y aprobarse tras una negociación multilateral.

Dadas las características de este debate, quiero enumerar los asuntos que preocupan de modo especial a la sociedad aragonesa, y que a lo largo de mi intervención iré desarrollando.

1. La primera preocupación es que en el debate que se ha abierto sobre las reformas estatutarias, se plantease un nuevo Estado Autonómico de dos velocidades.

2. Nos inquietan, en segundo término, los desequilibrios que se han producido a lo largo de todo el siglo XX en la España interior.

3. Mencionaré, en tercer lugar, el bloqueo que sufrimos en la parte francesa del Pirineo, que nos aísla y dificulta de una manera evidente los intercambios entre España y Portugal con el resto de Europa.

4. El proceso de deslocalización industrial que afecta especialmente a un sector como el de la automoción, del que Aragón tiene una gran dependencia, es otra de nuestras inquietudes.

5. Y como quinta preocupación, señalaré la posibilidad de que pudieran progresar algunas propuestas de comunidades autónomas vecinas que proporcionasen derechos exclusivos sobre el agua en cuencas hidrológicas compartidas.

Señorías, nuestros constituyentes seguramente tuvieron sus razones políticas para construir el Estado Autonómico en dos velocidades. Pero aquella decisión, posiblemente la única decisión que en aquel momento permitía avanzar en la descentralización de nuestro Estado, ha tenido algunos costes importantes.

Aragón, como aquellas comunidades que accedieron a su autonomía a través del artículo 143 de la Constitución, hemos tardado casi 20 años en asumir las principales competencias que reconocían nuestros Estatutos.

Y ese retraso, además de generar frustración e incomodidad, ha tenido efectos en el desarrollo de nuestra sociedad. Hemos comprobado que hay una relación directa entre el grado de autogobierno y el bienestar de los ciudadanos.

Hoy, tras asumir las principales competencias, Aragón crece más económicamente y ha comenzado a recuperar población.

Esta larga travesía, nos ha llevado a la conclusión, unánimemente aceptada por los cinco grupos políticos representados en nuestra Cámara, de que en el actual proceso de reformas, Aragón no puede admitir privilegios de nadie. Y que nadie piense que podrá plantearse la idea de recuperar la España de dos velocidades.

Como ya anticipé en el reciente Debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma de Aragón, los derechos históricos, y Aragón es una de las tres Comunidades que los tiene reconocidos en su actual Estatuto de Autonomía, son una afirmación cultural y una seña de identidad, pero nunca una excusa para acceder a ningún tipo de privilegio.

Por motivaciones diferentes, los debates autonómicos han estado permanentemente polarizados. Creo recoger el sentir de muchos ciudadanos si reivindico en esta tribuna el derecho de todos, también de los que vivimos en la España interior, a participar en la definición de nuestro país.

Nos preocupa que el debate esté permanentemente centrado en torno a las mismas Comunidades Autónomas y en torno a los mismos problemas. Ha sido tal la monopolización y tan ensordecedor el debate, que a la mayoría de Comunidades nos ha sido imposible hacer oír nuestra voz.

En este tiempo, incluso hemos sentido que se nos miraba por encima del hombro, desde una supuesta superioridad natural que no podemos admitir y que no vamos a admitir.

Aragón puede exhibir al más alto nivel su historia y sus derechos. Fuimos parte activa en la construcción de este país y hemos demostrado nuestra lealtad al conjunto.

Ocupamos un espacio geográfico en el noreste de España, donde se concentran las mayores tensiones territoriales. Pero también por nuestra vecindad somos quienes mejor podemos comprender ciertas reivindicaciones, vengan de un lado o de otro.

Sin embargo, el conjunto del Estado, Presidente, debe también comprender que Aragón es una pieza de seguridad para España.

Y como tal, no nos resignamos a quedar relegados a un papel de suministradores de mano de obra y de recursos para nuestros vecinos, como ha sucedido a lo largo de todo el siglo XX.

Es cierto que hemos mejorado esa situación. La aprobación por el Parlamento de España del nuevo Plan Hidrológico Nacional y la elección de Zaragoza como sede de la Exposición Internacional de 2008, han supuesto un gran impulso y una inyección de moral.

Acontecimientos en los que la participación de su Gobierno, señor Zapatero, ha sido determinante. Estoy convencido de que la política exterior desarrollada por este Gobierno, posibilitó la consecución para Zaragoza de la Exposición Internacional de 2008.

La nueva política hidráulica ha resuelto un largo contencioso territorial y ha aportado soluciones más eficaces y rápidas, tanto para el valle del Ebro como para las cuencas hidrológicas del Levante.

Pero nuestros desequilibrios internos son similares a los que se dan en el conjunto del país.

La monopolización del debate autonómico ha impedido, sin embargo, que aflorara este problema. Un problema que afecta a toda la España del interior, con la excepción de Madrid.

Las dificultades para el desarrollo de buena parte del país, como consecuencia de la ausencia de infraestructuras de transporte ágiles y modernas, ha sido evidente.

Estoy hablando del 80% del territorio nacional. Más de una veintena de provincias que sufren la despoblación y el envejecimiento. Provincias condenadas a la desertización demográfica y que requieren un esfuerzo de todos. Un gran acuerdo nacional. Porque un país no puede permitirse prescindir de tres cuartas partes de su territorio.

En este sentido, quiero agradecer al Gobierno de España la aprobación, hace escasos días, del Plan Especial para Teruel e instarle a su cumplimiento y ejecución.

Las nuevas infraestructuras de comunicación y las inversiones proyectadas en coordinación entre los dos gobiernos estoy seguro que van a permitir disfrutar a la provincia turolense de grandes oportunidades en los próximos años.

Pero refiriéndome a nuestras infraestructuras, quiero mencionar las dificultades que sufrimos a diario como consecuencia del bloqueo de las comunicaciones a través del Pirineo.

Los Pirineos son hoy la única frontera real que existe en Europa. Una frontera física que puede colapsar nuestra economía en los próximos años. Los pasos pirenaicos existentes en ambos extremos de la cordillera están saturados. Más de 17.000 camiones los cruzan a diario.

Desde la incorporación a Europa de España y Portugal, el crecimiento de los intercambios comerciales se aproxima al 10% anual, y alrededor del 95% se realiza a través de la carretera.

Los estudios de la Unión Europea y del Gobierno de España consideran que en el año 2020 se habrá duplicado el actual flujo de mercancías, lo que provocará un bloqueo total del Pirineo.

El problema se agrava en el Pirineo central, entre Aragón y Francia. Desde hace 30 años, el ferrocarril del Canfranc está interrumpido en Francia. Y, especialmente en invierno, es frecuente que las carreteras estén cortadas meses enteros, como consecuencia de la nieve, en Aquitania o Midi Pyrénées, como ya sucedió el año pasado.

Este es un grave problema para Aragón, que también afecta de forma notable a la mayoría de las Comunidades Autónomas españolas, desde Andalucía y Extremadura hasta Valencia y Madrid.

Hemos propuesto, y la Unión Europea y el Gobierno de España han aceptado, la puesta en marcha de una conexión ferroviaria de gran capacidad por el Pirineo central. Y mientras esta se proyecta y se construye, la reapertura del ferrocarril del Canfranc.

Sé que contamos con el apoyo del Gobierno y del Presidente, pero es imprescindible que nuestro vecino del norte cumpla sus compromisos. Es una tarea de todos, una cuestión de Estado, convencer a Francia para resolver una situación que puede afectar en pocos años, de forma muy grave, a la economía española.

También es un problema compartido por un buen número de Comunidades Autónomas el de la deslocalización de la industria del automóvil. Hemos alcanzado con el Ministerio de Industria importantes acuerdos para evitar la pérdida de varios miles de puestos de trabajo en la planta de General Motors en Zaragoza.

Pero dado el peso que la automoción tiene en nuestro tejido industrial, nuestra preocupación es máxima. Quiero pedir al Gobierno central toda la colaboración, e instar a empresa y sindicatos a actuar con la máxima responsabilidad.

En materia hidráulica, me gustaría repetir las palabras que pronuncié en la Tribuna del Parlamento de Aragón y que tanto eco tuvieron:

“Invito a la Ponencia a reflexionar sobre la fórmula jurídica que nos permita asegurar y garantizar el uso de nuestros recursos hídricos en el futuro, evitando amenazas como la que hemos sufrido recientemente con el trasvase del Ebro. Además de participar en la planificación hidrológica estatal y en sus órganos de gestión”.

Esas fueron exactamente mis palabras. Defiendo el principio de unidad de cuenca. Defiendo y comparto que la planificación hidrológica se haga desde el Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades Autónomas.

Pero ni defiendo ni comparto que nadie se arrogue derechos sobre cuencas hidrológicas compartidas o sobre caudales. Ahí, Aragón estará siempre vigilante, porque nadie puede tener la llave en exclusiva de la planificación de una cuenca que compartimos nueve Comunidades Autónomas, desde Cantabria hasta Cataluña.

Una última reflexión para terminar. Como les decía al principio, el éxito de nuestra organización territorial está fuera de toda duda. Y estamos viviendo un momento político apasionante.

Tenemos el reto de avanzar en la construcción de Europa, pese a los problemas actuales; a la vez que mejoramos la Constitución y los Estatutos de Autonomía, que como elementos de convivencia nos hemos proporcionado.

Y lo hacemos en una situación de absoluta normalidad institucional. Disponiendo de mecanismos de garantía más que suficientes. Espero que todos, Gobierno y Comunidades Autónomas, estemos a la altura de este momento.

Muchas gracias


Fecha Creación: 07-10-2005

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