APERTURA DEL CURSO ACADEMICO 1999-2000. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON, MARCELINO IGLESIAS

Zaragoza, 20 de septiembre de 1999

apertura curso

Desde el dolor que nos produce hechos tan tristes como el grave accidente acaecido ayer en nuestras tierras, permítanme, en primer lugar, agradecer al Dr. D. Vicente CAMARENA su interesante y brillante lección inaugural del curso académico 1999-2000. Gracias profesor. Agradecimiento al que sumo mi reconocimiento, como presidente de la Comunidad Autónoma, por su carrera de dedicación docente y de permanente servicio a la Universidad de Zaragoza. Este reconocimiento lo hago extensivo, también, a todos aquellos que, con su trabajo y esfuerzo diario, hacen posible en esta Universidad la prestación del servicio público de la educación superior mediante la docencia, el estudio, la investigación y el apoyo humano y material que para su realización se necesita.

Iniciamos, sin duda alguna, con ilusión y esperanza un nuevo curso académico en la Universidad, y, también, en Aragón. Eso no significa que no tengamos obstáculos o dificultades que salvar, pero estoy convencido que en conjunto lograremos superarlas. Entiendo, comprendo y comparto la demanda de medios y ayudas que me formula en nombre de la Universidad el señor Rector. Eso es algo que la Universidad de Zaragoza merece, y que se gana día a día.

Sirva para motivar esta afirmación, hacer público que coincido plenamente con Jacques DELORS en la importante misión que cumple la Universidad. Es, a un tiempo, "depositaria y creadora de conocimientos. Además, es el principal instrumento de transmisión de la experiencia, cultural y científica, acumulada por la humanidad". Sin duda alguna, tal y como se titula el célebre informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre educación para el siglo XXI, al que acabo de hacer referencia, "La educación encierra un tesoro". Y, yo, añado, que no existe dinero alguno en el mundo con el que se pueda comprar.

Quiero recordar, también, que en mi reciente discurso de investidura afirmé que nuestra sociedad aragonesa "se muestra incapaz de comprender cómo el momento gozoso de alcanzar competencias educativas se puede transformar en el comienzo inacabado de agrias polémicas con la gran Universidad de Zaragoza, la de Aragón, y con el cobro por parte de la comunidad, a modo de peaje, de una parte de la financiación universitaria que viene del Estado sin emprender una sola acción de política universitaria nueva, original, propia de una comunidad que se llama autónoma". Este es un compromiso claro y preciso de este Presidente para estos cuatro próximos años de legislatura, que ahora también comenzamos. No en vano afirmé en las Cortes, afirmo ahora y afirmaré en el futuro que: "La educación va a ser una de las prioridades básicas de este Gobierno".

Dicho esto, desde el Gobierno de Aragón les manifiesto nuestro máximo respeto a su autonomía universitaria, constitucionalmente garantizada como derecho fundamental. Pero también, en este Paraninfo, en la sede de sus instituciones de gobierno, ejemplo del racionalismo del arquitecto MAGDALENA, que se traslada en el buen uso que de él saben hacer manteniéndolo abierto a toda la sociedad, les demando responsabilidad y racionalidad.

Responsabilidad al reclamarnos la financiación suficiente para la consecución de unos objetivos en los que el Gobierno y la Universidad debemos coincidir. Racionalidad para la mejor distribución de los recursos, que permita atender las necesidades y expectativas de nuestra sociedad, entre las que, sin duda, se encuentran las exigencias de calidad en la enseñanza y la investigación. Las relaciones entre la Universidad y la Comunidad Autónoma ya sea en titulaciones, plantillas de profesorado, decisiones de descentralización u otros temas, van a ser materializadas a través de contratos programa o planes y programas conjuntos de actuación. En ellos, cada una de las partes asumiremos objetivos y compromisos con el fin de alcanzar mejoras en los resultados.

Hemos de centrar todos los esfuerzos materiales y humanos en potenciar y generalizar la calidad de la enseñanza. Estoy pidiendo un uso óptimo de los recursos para obtener el máximo rendimiento y eficiencia en la prestación del servicio. No sólo los gobiernos, también los gestores universitarios y de los centros de investigación han de hacer frente a las exigencias que plantea esta nueva sociedad del conocimiento. La universidad que deseamos, ha de servir para la formación de titulados que se incorporen al mundo laboral, pero no puede educar a los titulados con criterios de simple adecuación al mercado de trabajo, pues causaría gran indefensión a los universitarios, aparte del empobrecimiento personal. Por lo tanto, debe cuidarse la formación básica e instrumental.

Además, pido a los responsables académicos en su actuación, que su gestión esté regida por parámetros de competitividad social: ideas de calidad, de organización, de planificación, de decisión, de capacidad de análisis y síntesis, de generación y comunicación de ideas propias. La Universidad está llamada a jugar un papel creciente en nuestro entorno social. Ha de contribuir al desarrollo laboral y económico de Aragón. También, hemos de continuar con una total integración en el ámbito nacional e internacional, en el que tiene esta Universidad ya muy buenos resultados, como ha puesto de manifiesto el Secretario General, pero que hay que seguir mejorando. Debe seguirse fomentando la INTERDISCIPLINARIEDAD, la movilidad de los estudiantes y profesores, el aprendizaje de lenguas y culturas, y las experiencias investigadoras comunes.

En nuestro contexto, el de la Unión Europea, este interés por la calidad se debe a la necesidad de gestionar más eficientemente el gasto social, a tener que orientar a los estudiantes hacia mayores posibilidades de empleo y a las exigencias, día a día mayores, de desarrollar una educación adecuada para una sociedad de alta tecnología. Aunque en España hasta 1995 no ha existido una regulación explícita de la evaluación institucional de las universidades, ya en 1991, en el Memorandum sobre Educación Superior, la Comisión de Bruselas manifestaba la preocupación de los Estados miembros por que "existiesen estructuras que permitiesen a las instituciones de educación superior controlar su calidad docente e investigadora". Hemos de obtener en estas evaluaciones buenos resultados, y que éstos sean fiel reflejo de una real educación superior de calidad.

Entre los inconvenientes con los que contamos para cumplir con algunos de estos objetivos se encuentra el que hoy, dieciséis años después de la aprobación de la ley de Reforma Universitaria, España precisa de una revisión de esta importante norma, que va más allá del Título V dedicado al profesorado. Reforma intentada en las últimas legislaturas de las Cortes Generales, pero que, por unas u otras causas, todavía no se ha conseguido. El motivo de esta reforma se encuentra en que hemos de mejorar la calidad antes señalada y, en consecuencia, aumentar el rendimiento académico del sistema. Hemos de mejorar la eficiencia de la gestión universitaria y hacer un uso óptimo de los recursos disponibles.

Y, además, hemos de garantizar una coordinación eficaz en el nuevo contexto competencial, una vez asumidas las competencias en materia de Universidades por todas las Comunidades Autónomas a partir de 1996. El actual marco legal genera ciertas disfunciones, especialmente por ustedes conocidas, que impiden alcanzar plenamente estos objetivos.

No es novedoso lo que ahora he afirmado. Estamos asistiendo en todo el entorno Europeo a importantes reformas en este sentido. Sirva de ejemplo la reforma parcial de la ley universitaria alemana, realizada el año pasado. O las importantes recomendaciones que realiza el informe DEARING para cubrir las necesidades de Gran Bretaña en educación superior en los próximos 20 años. O, las del informe ATTALI para Francia. Aunque el Gobierno español no ha hecho lo mismo que sus homólogos europeos, los rectores de las universidades españolas han tomado la iniciativa. Esperamos con impaciencia y expectación las conclusiones del informe BRICALL para España, que ya ha anunciado su próxima conclusión, y que estamos seguros no irán muy desencaminadas de lo que aquí he apuntado, a la vista de las conclusiones y estudios realizados en diversos foros y conferencias sectoriales.

Aunque no sea competencia de este Gobierno, tres son, a mi juicio, las razones básicas para iniciar una reforma legislativa como la apuntada :

a) Una exigencia de mayor eficiencia y calidad de servicio.

b) Un incremento de la capacidad de innovación y atención a una demanda social, cada vez más diversificada, y,

c) Una rendición de cuentas, clara, rigurosa y sistemática al conjunto de la sociedad, a sus agentes económicos, culturales, y a la administración educativa responsable de tutelar la actividad de la Universidad. Me alegra mucho, señor Rector su gesto, pues se suma de forma clara en su intervención a este criterio.

Dicho esto, he de afirmar que este Gobierno confía al máximo en las capacidades de su Universidad, y se siente comprometido con su progreso. Un progreso que nos debe conducir, por historia y por trayectoria, a alcanzar el lugar que a esta Institución le corresponde en el mundo universitario. El Gobierno de Aragón ofrecerá todo su apoyo para avanzar en la mejora de la calidad en todas sus vertientes y en la potenciación de una investigación puntera.

Somos conscientes que para alcanzar estas metas es precisa una financiación adecuada, unos planes de estudio de acuerdo con los objetivos pretendidos y un mapa de enseñanzas que atienda la demanda social, la realidad aragonesa y la ordenación de nuestro territorio. El Gobierno de Aragón recoge el mapa de titulaciones que la Junta de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad han elaborado. Ahora, la iniciativa corresponde a este Gobierno, que tiene la responsabilidad de aplicarlo de manera racional y razonable.

Entre todos, debemos diseñar la Universidad que queremos. Y, cuando digo "entre todos", me refiero a cuantos estamos directa o indirectamente relacionados con la vida universitaria. Alcanzar el marco de financiación necesario y adecuado no será posible si nuestra Universidad no ocupa su espacio en la sociedad aragonesa. Entre los agentes sociales, las entidades financieras y las vinculadas a la formación y cualificación. Es responsabilidad de todos, también de mi Gobierno, ampliar la base de financiación de nuestra Universidad para situarla en el nivel que deseamos.

Con reafirmación en el respeto a la autonomía de la Universidad, al inicio ya apuntado, es compromiso ineludible para este Gobierno favorecer la consolidación de las ciudades de Huesca y Teruel como ciudades universitarias. Estimularemos la descentralización de competencias universitarias en ellas con el reforzamiento de la correspondiente autonomía de gestión de sus órganos de gobierno. También lo es la mejora de las infraestructuras, a través del plan de inversiones ya emprendido.

El Gobierno de Aragón es consciente que el mayor potencial investigador está en nuestra Universidad. En ella hay equipos preparados, esfuerzo callado y cotidiano, y aportaciones que redundan en la mejora de la ciencia, la tecnología y el pensamiento. Debemos por ello activar de forma urgente todos los mecanismos disponibles para reforzar esa capacidad investigadora, trasladándola al campo de la investigación aplicada. Daremos, de este modo, un paso más en la implicación de la institución universitaria con la sociedad y, sobre todo, se estará contribuyendo al desarrollo económico del territorio. En la Universidad debe estar la base investigadora para el progreso del sistema productivo aragonés.

No podemos olvidar otras exigencias que Universidad y Gobierno de Aragón debemos fijarnos a medio plazo. Como comunidad abierta y fronteriza, Aragón reúne todas las condiciones para atraer más estudiantes e investigadores extranjeros que nos permitan abrir nuestra Universidad al mundo. Para ello debe ser un reto inmediato avanzar en la homologación europea de nuestras titulaciones, en sintonía con la última declaración de BOLONIA.

Es preciso que la Universidad asuma el liderazgo moral e intelectual de la sociedad actual, que la reequilibre, que sea su conciencia crítica. Hay que agitar las conciencias universitarias, despertarlas, lo cual necesita de condiciones adecuadas. A la Universidad debe corresponder la contraposición al pensamiento dominante de modelos plurales y el freno a los fundamentalismos de toda índole.

La Universidad no puede malgastar sus energías en batallas académicas internas e inhibirse de reformar sus programas educativos, incorporando a ellos los principios más nobles de la condición humana. Competencia y calidad, emulación y evaluación son los principios rectores de los sistemas universitarios avanzados.

Señor Rector, señoras y señores, quiero reiterar en nombre del Gobierno de Aragón y en el mío propio, su Presidente, el firme convencimiento de la importancia de nuestra Universidad como elemento estratégico de primer orden para nuestro futuro. Una Universidad que, desde sus siglos de rica historia, ha estado, está y estará comprometida con todos los aragoneses y aragonesas.

Junto a esta Universidad, está y estará el Gobierno de Aragón.


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