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Proyecto presupuestario del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

Comparecencia del consejero Javier Velasco ante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón

Señor Presidente. Señoras y Señores diputados:

Por primera vez en esta legislatura comparezco ante ustedes para darles cuenta del Proyecto Presupuestario del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón correspondiente al ejercicio del año 2000 y cumplir, de esta forma, con una cita ineludible de la que espero también, a través de las aportaciones de todos ustedes, emanen el mayor número posible de propuestas y conclusiones positivas.

Saben sus señorías que unos presupuestos son la herramienta más importante que tiene cualquier entidad u organización para avanzar en el proyecto de gestión para el entorno social sobre el que tiene una responsabilidad inmediata y directa.

Por ello, los Presupuestos de una Comunidad Autónoma, que de forma obligada tienen un escenario en el que moverse y al que ajustarse, no pueden ser unas cuentas alejadas de referencias más amplias.

El presupuesto tiene por lo tanto un valor de referencia y de partida que responde a la interpretación política de un entorno. Es, en definitiva, el documento básico para la gestión de proyectos políticos y el instrumento para atender sus políticas de desarrollo.

Me gustaría, brevemente, destacar que se este es un documento presupuestario presentado con toda la agilidad ante estas Cortes, tras la formación del Gobierno PSOE-PAR, para que pueda ser efectivo y operativo a la entrada del próximo año.

Mi intención, al menos en esta exposición inicial, de tipo general, es hacer una interpretación de los Presupuestos del Departamento y lo que pueden suponer para esta Comunidad Autónoma. Luego, en posteriores intervenciones, y siempre con referencia a lo que ustedes planteen, podremos entrar en un análisis más pormenorizado y en aclaraciones más particulares.

Estoy convencido de que estamos ante unos buenos presupuestos y que ellos tenemos la justa referencia para trabajar en este inicio de legislatura y que son unos presupuestos que van a permitir a los aragoneses percibir una acción positiva y activa de gobierno.

Estimo que se trata de unos presupuestos reales, creíbles, sin contradicciones, elaborados desde la ortodoxia contable para a continuación darles el contenido político que requiere un documento de este tipo.

Lo que sí ha pretendido el equipo de Gobierno, y lógicamente también este Departamento, es exprimir al máximo los escenarios presupuestarios en los que

deben encuadrarse las cuentas de las Comunidades Autónomas para dar un impulso a las condiciones y prestaciones de este territorio y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Desde el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes queremos contribuir a la promoción del desarrollo económico, el equilibrio territorial, la política social y la estabilidad macroeconómica de nuestro territorio.

Creo que el presupuesto del Departamento trata, en la medida de sus posibilidades, de responder a las necesidades objetivas de esta Comunidad Autónoma. Estoy convencido, además, de que se trata de unos presupuestos factibles, capaces de ser gestionados, de que son, en definitiva, un primer paso para cumplimentar los acuerdos establecidos en el Pacto de Gobierno, sobre el que se asienta el Ejecutivo autónomo, y lo apuntado posteriormente en el discurso de investidura por su presidente, Marcelino Iglesias.

El Proyecto Presupuestario de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2000, incluidos los organismos autónomos, asciende a 349.266 millones de pesetas. No parece necesario insistir en el importante crecimiento con respecto a ejercicios anteriores, basado, en la evolución que han experimentado los tributos cedidos y el máximo aprovechamiento, como he mencionado antes, de las posibilidades de endeudamiento que ofrecen los Escenarios de Consolidación Presupuestaria pactados

en su día con el Gobierno Central.

Este crecimiento se manifiesta en el hecho de que los capítulos VI y VII de todos los departamentos suponen un incremento con respecto al ejercicio anterior del 17,2%, alcanzando la cuantía de 85.000 millones de pesetas, frente a un crecimiento del gasto corriente del 6,6%. Es evidente que hay un esfuerzo sobre el control del gasto corriente con la intención clara de dotar con cifras significativas y en ascenso a los capítulos inversores.

Creo que hemos hecho el mayor de los esfuerzos posibles en recuperar el valor de la obra pública, una consideración que ha de contribuir forzosamente a la creación de empleo, a crear las condiciones para que haya más trabajo, pues empleo ha de ser uno de los objetivos lineales de cualquier gobierno.

El proyecto Presupuestario del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes asciende para el año 2000 a 17.908 millones de pesetas y se ajusta de pleno a las consideraciones generales que he comentado con anterioridad en cuanto a su rol como herramienta política dispuesta para ser el soporte de un proyecto político y de unas políticas de desarrollo.

El incremento real, a igualdad de competencias tras el paso de la Dirección General de Agua y de una parte de la Dirección General de Urbanismo a otros

departamentos, es de 3.805 millones de pesetas con referencia a la cantidad consignada en 1999. Estamos hablando, por lo tanto, de un aumento del 27% con respecto al presupuesto de 1999.

Considero que son cifras con las que se puede trabajar, y que tienen como objetivos finales, junto a las aportaciones de otras administraciones, recuperar,e insisto en ello, el valor de la obra pública como elemento “motor” de la vida social y económica de una comunidad; atender en una primera etapa las demandas y proyectos de la Comunidad Autónoma; extender la función de la Administración Autónoma en el conjunto de la obra pública; apoyar a los ayuntamientos en sus demandas y facilitar el desarrollo de políticas lo más amplias posibles.

En definitiva, se pretende que la presencia del Departamento se note y perciba con mayor nitidez que en los últimos años en convivencia con otras iniciativas a la que en algunos casos apoyará, y en relación muy directa con las demandas y necesidades reales de la Comunidad.

La estructura del Presupuesto es inequívoca en el sentido de que el aumento de los recursos va dirigido con claridad a los capítulos inversores, que experimentan un crecimiento global de 3.736 millones hasta sumar 13.637 millones de pesetas, lo que supone el 76% del volumen presupuestario del Departamento.

En término relativos, el incremento es del 3% en

personal y del 11% en el gasto corriente. Pero el verdadero acopio inversor se centra en el Capítulo VI, con un incremento del 32% y en las transferencias de capital, con un aumento que todavía es mayor, del 47%.

Creo que no exagero lo más mínimo si califico el aumento como “notable” en términos completamente objetivos o de aséptica interpretación económica. Desde una interpretación política me lleva a manifestar que destinar 13.637 millones a inversiones supone un primer paso a consolidar en otros posteriores para recuperar el valor e importancia del Departamento en lo que a sus competencias se refiere.

Esta ambición inversora es aplicable a todos los programas de la Consejería. El aumento es del 14% en Carreteras; del 23% en Urbanismo; del 36% en Transportes y Comunicaciones; del 17% en el Programa de Viviendas y del 82% en Arquitectura y Rehabilitación. Como saben ustedes, los dos últimos programas se integran en el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, que de esta forma ve a aumentar en un 50% sus disponibilidades inversoras.

Hay un último aspecto que, desde el punto de vista cuantitativo, me parece relevante. El Departamento gestiona y ejecuta cantidades importantes de dinero procedentes de transferencias

que aplica de forma inmediata al territorio y que están requiriendo un importante esfuerzo en la elaboración de proyectos y su posterior tramitación hasta la ejecución de las obras. Me refiero a los fondos procedentes del Plan Alternativo de las Cuencas Mineras y del Plan Especial de Teruel, cantidades finalistas para actuar en ámbitos territoriales determinados y que habría que sumar al cómputo final a pesar de no ser recursos propios.

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

El total del Programa de Carreteras asciende a 6.849 millones de pesetas, cuantía que supone un aumento del 12,6% con respecto al Presupuesto de 1999.

El capítulo inversor se eleva a 4.262 millones (756 millones más que en 1999) a los que hay que añadir 100 millones más destinados a transferencias a ayuntamientos, en su mayor parte para el acondicionamiento de travesías.

Para obras de acondicionamiento y nueva infraestructura están previstos 2.644 millones, 204 más que en el ejercicio de 1999.

De esta cuantía, se destinan 1.550 millones a conservación de la Red Autonómica en sus distintas variantes (conservación ordinaria, reposición de pavimento, actuaciones en seguridad vial y vialidad

invernal).

Tanto en obra nueva como en conservación se rompe una tendencia de atonía, si no a la baja, de los últimos ejercicios. De hecho, el incremento en las operaciones de capital es del 21,20%.

El criterio político para plasmar estas cantidades a la Red Autonómica tiene como objetivos el mejorar la calidad y la seguridad de las vías competencia del Gobierno de Aragón.

Creo que con un Plan de Conservación racional se puede conseguir un efecto similar al que puedan tener las actuaciones de acondicionamiento o nueva infraestructura.

Queremos avanzar a lo largo del año 2000 en los ejes que ya están en marcha, completar actuaciones pendientes en ellos e iniciar los trabajos en otros, como es el caso del Eje del Cinca. En cualquier caso, se trata de planificar actuaciones que mayoritariamente empiecen y terminen en un mismo eje.

Se trata, por lo tanto, de actuaciones donde el standard sea idéntico de principio a fin. Que las actuaciones no se queden más aisladas a puro de ser dispersas.

Otro de los objetivos políticos en esta Dirección

General es facilitar la intercomunicación entre comarcas, entre provincias e incluso entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las comunidades limítrofes. Que a los objetivos de calidad y seguridad se una, pues, el de la movilidad y la fluidez.

Estimo, por lo tanto, que los 4.262 millones de fondos propios de la Dirección General, sumados a los previstos para las Comarcas Mineras y los del Plan de Inversiones de Teruel arrojan una cifra significativa, y cuantitativamente superior a la de ejercicios anteriores, aunque reconozco que todavía alejada de los 10.000 millones que estimaba necesarios el Plan de Carreteras como inversión anual en la Red Autonómica.

La exposición sería incompleta si no mencionase el esfuerzo de las brigadas de carreteras en los tres servicios provinciales que, en algunos casos, como en la provincia de Teruel, ejecutan por gestión directa algunos proyectos de envergadura. Quiero decir con esta apreciación que una parte importante del capítulo de personal incide directamente en la mejora de las carreteras de la Comunidad ya que su trabajo está centrado, como capital humano, en su acondicionamiento y conservación.

Mi labor como consejero de Obras Públicas, aunque no sea una cuestión estrictamente presupuestaria, se va a centrar, además a lo largo del

año 2000 en seguir trabajando por la rebaja del peaje

en la autopista Vasco-Aragonesa y en apremiar al Ministerio a que inicie cuanto antes las obras de conexión entre la A-68 y la Autovía de Logroño, del desdoblamiento de la Nacional 232, del tramo Campo-Aínsa del Eje Pirenaico, sin olvidar el acercamiento de la Autovía Zaragoza-Teruel a Daroca, o la licitación de alguno de sus tramos en el próximo ejercicio.

Parece evidente que cualquier actuación sobre el territorio en materia de comunicaciones presupone el conocimiento y la programación de actuaciones de mayor envergadura porque, de alguna forma, las actuaciones en la Red Autonómica, en algunos casos, pueden depender de la programación de la Red Nacional.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El Departamento destinará a lo largo del año 2000, a través del Programa de Transportes y Comunicaciones, 1.610 millones de pesetas a fomentar y apoyar los servicios públicos de transporte de viajeros en todas sus modalidades y las infraestructuras o soportes sobre los que se asienta esta actividad.

Estoy hablando, señoras y señores diputados, de un incremento del 34,19%, sobre el presupuesto de 1999, que ascendía a 1.199 millones. El Capítulo VII

lo dotamos con 438 millones más, lo que supone un aumento del 54,64%.

Queremos con este esfuerzo incrementar la vocación de servicio público tanto en las áreas rurales como en las urbanas; que este esfuerzo se perciba socialmente, en la capacidad y calidad de los habitantes de la Comunidad Autónoma a la hora de viajar. Queremos, finalmente, apoyar de forma directa los equipamientos municipales en materia de transporte.

La transferencia más importante es la referida a RENFE (474 millones de pesetas). El Gobierno de Aragón muestra de esta forma, con la correspondiente dotación presupuestaria, su inequívoca voluntad de apoyar asumiendo déficits de explotación los servicios regionales ferroviarios. De la misma forma, el Gobierno de Aragón quiere y pretende, como fórmula de terminar con un servicio muy deficiente e impropio del siglo XXI, que Ministerio de Fomento y RENFE se comprometar a intervenir en la línea Somport-Sagunto.

Simplemente, queremos que el servicio continúe, pero que el servicio sea el que merecen unos ciudadanos que a la vez son clientes y que, por añadidura, tienen detrás a un gobierno que contribuye, de momento, a su mantenimiento.

Sí, pues, al convenio con RENFE, pero si

estamos hablando de un servicio que olvide al actual, incluso que lo considere como un mal sueño. No al convenio con retrasos, descarrilamientos, velocidades de diligencia o protestas continuas. Y no porque no sabremos explicar a los aragoneses en qué nos hemos gastado unas cantidades muy importantes. No habrá convenio si no hay un compromiso claro y programado de mejorar el trazado y el trazado tiene unos responsables. Queremos que, en definitiva, el Ministerio y RENFE cumplan con quienes les paga puntualmente, y con quien compra un billete para viajar sin sobresaltos.

Esta directriz de mantener, mejorar y fomentar los servicios públicos de transporte, queda reflejada en los presupuestos con una reserva para respaldar la ruta aérea entre Zaragoza y Barcelona, una cuantía que va disminuyendo ejercicio tras ejercicio y que pone de manifiesto que, poco a poco, este servicio se va consolidando.

De igual forma, se mantienen los contratos-programa para operar en líneas regulares de viajeros en área donde la explotación privada es absolutamente inviable (100 millones) y las ayudas a líneas regulares de viajeros en el medio rural con explotación deficitaria en sus ejercicios anuales (130 millones de pesetas).

El Gobierno de Aragón dota con 300 millones de

pesetas su aportación inicial a la construcción de la futura Estación de Autobuses de Zaragoza. Después de años de indecisión, posiblemente perdidos, es la primera señal verdaderamente apreciable y concretada en cifras de que el Gobierno de Aragón quiere implicarse en un proyecto absolutamente básico para la ciudad y la Comunidad Autónoma.

Recuperamos a la vez una línea de ayudas a los municipios para la construcción de estaciones de autobuses que queda dotada con más de 128 millones de pesetas. Se trata de una línea de apoyo a unas infraestructuras que consideramos básicas para algunas cabeceras de comarca y que en la última legislatura había desaparecido del Programa de esta Dirección General.

Queremos, en definitiva, hacer realidad, en unos casos, proyectos básicos y de valor estratégico para la Comunidad de Aragón y negociar convenios justos y razonables en otros. Nuestra voluntad de participar está clara porque lo dicen los Presupuestos.

DIRECCION GENERAL DE URBANISMO

El Presupuesto de la Dirección General de Ordenación Territorial y Urbanismo es de 884.240.739 pesetas con una disminución de 532 millones respecto al de 1999 como consecuencia de la

nueva organización de competencias en el Gobierno de Aragón.

Las principales líneas de actuación se van a centrar a lo largo del ejercicio del año 2000 en el Plan

de Actuación del Pirineo (120 millones), Programa de Actuación en este espacio (45), Infraestructuras de Zaragoza (120 millones), Proyectos Ferroviarios Transpirenaicos (30), y Consorcio de la estación de Canfranc (12).

Otro de los objetivos de esta Dirección General es el fomento del planeamiento urbanístico. Para ello, se han previsto líneas de ayuda para Programas urbanísticos (80 millones) y para Documentos de Planeamiento Municipal (70).

La intención es clara. Seguir aportando fondos a los entes locales para la elaboración y revisión de sus planeamientos, de acuerdo con la Ley Urbanística de Aragón, así como la contratación de técnicos para su seguimiento, con especial hincapié en los municipios con problemas de parcelaciones ilegales, aspecto éste que enlaza con la actividad que desarrolla el Servicio de Inspección y Disciplina Urbanística, plenamente consolidado como tal y cada año con una mayor actividad en todo lo relacionado con el control de la actividad urbanística ilegal.

Otra de las apuestas es la de agilizar al máximo la información de los expedientes tanto en las

Comisiones de Ordenación del Territorio Provinciales como en el Consejo de Ordenación Territorial. Avanzar, en definitiva, en la funcionalidad y en la gestión.

La ejecución del Plan Especial de Protección del Pirineo va a ser otro de los ejes de actuación, con proyectos en torno al Balneario de Panticosa, el Plan Especial de Astún, y la rehabilitación de la estación de Canfranc y aprovechamiento de su plataforma ferroviaria.

La Dirección General de Urbanismo va a mantener su protagonismo en la realización de estudios en torno a las grandes infraestructuras aragonesas: Estación Intermodal de Delicias, Aeropuerto de Zaragoza, Plataforma Logística o el Túnel de Baja Cota ferroviario a través del Pirineo Central.

En cuanto a la labor legislativa, la Dirección General tiene intención de desarrollar los reglamentos que impulsen la Ley Urbanística de Aragón y desarrollar las acciones para la consecución de suelo público en el que promover posteriormente viviendas protegidas.

INSTITUTO DEL SUELO Y LA VIVIENDA DE ARAGON

El Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón vuelve a concentrar, en el Programa de Promoción de Viviendas, un indudable esfuerzo en los capítulos inversores, que suman 3.900 millones de pesetas a los que hay que añadir otros 3.400 dentro del Programa de

Arquitectura y Rehabilitación. En total, 7.300 millones de pesetas en los Capítulos VI y VII.

El Programa de Viviendas asciende a 4.520 millones de pesetas, 667 millones más que en 1999, con un incremento del 17,32%. Como ocurre en el resto de las direcciones, el aumento se centra en los capítulos inversores.

En inversiones directas, el Presupuesto del año 2000 supera en 552 millones al de 1999 hasta alcanzar los 2.077 millones de pesetas, es decir, que el alza se cifra en una 36,23%

Las partidas más significativas son las previstas para adquisición de terrenos (244,2 millones), construcción de nuevas viviendas (944,2 millones) y convenios con ayuntamientos y obras de urbanización de Parque Goya II (735 millones).

El Capítulo VII se eleva a 1.901 millones, con

193 millones más que en 1999. Las partidas más importantes son las siguientes:

  • Promoción de vivienda con ayuntamientos: 92 millones.
  • Actuaciones en suelo industrial: 300 millones.
  • Actuaciones en suelo residencial: 50 millones.
  • Subvenciones a través del Plan de Vivienda: 250 millones.
  • Transferencias a familias a través del Plan de Vivienda: 1.200 millones.

El Plan de Vivienda del Gobierno de Aragón volverá a ser el próximo ejercicio el instrumento que complemente los recursos financieros que aporta el Ministerio de Fomento.

Pero el Gobierno de Aragón quiere incidir de verdad, con iniciativas propias y directas, en una política de facilitar el acceso a la vivienda a las familias con menos recursos, así como a los jóvenes. Otros aspectos en los que vamos a incidir es en la rehabilitación de vivienda y en las actuaciones arquitectónicas en patrimonio público y privado, cuestión a la que haré más extensa referencia al desarrollar el Programa de Arquitectura y Edificación.

Lo evidente en estos momentos es que el Plan de Vivienda ni es la panacea ni soluciona el problema de muchas familias que aspiran a contar con una vivienda. La incidencia del suelo en el precio final de la vivienda nueva junto a una fuerte demanda están haciendo que la VPO se estanque completamente.

El Gobierno de Aragón quiere incidir directamente para tratar de atenuar esta situación. Si no lo hace, si no interviene en una parte del mercado para atender a un sector de la demanda, se convierte, a través de la pasividad y de la inacción, en un agente inflacionista más.

Estamos ante unos niveles bajísimos, casi testimoniales, en lo que se refiere al consumo del dinero depositado en las entidades bancarias y de ahorro que en un principio estaba destinado a la compra de viviendas de VPO. Quiero decir con ello que se está produciendo el desaprovechamiento de unos recursos que quizás desde un principio estuvieron mal repartidos o encaminados.

El Plan de Vivienda está cojo en estos momentos porque si bien es cierto que prevé ayudas (subvención directa y subrogación de una parte del préstamo hipotecario en función del nivel de ingresos) para la compra de vivienda nueva de VPO, lo cierto es que la VPO es casi inexistente. En definitiva, que el Plan de Vivienda tiene en uno de sus regímenes recursos

destinados a un producto que, para entendernos pronto, no se fabrica.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón quiere ser un promotor más a través, en unos casos, de la adquisición de suelo y a través, en otros, de la promoción directa, en estos momentos desaparecida, o conveniada con ayuntamientos.

El problema de la vivienda no se va a solucionar por sí mismo. Ni en las tres capitales de provincia, ni en las cabeceras de comarca ni en los núcleos de población menos poblados. Tendremos entonces que ir al fomento de la adquisición de suelo, a la construcción directa de viviendas, a desarrollar promociones en colaboración con los ayuntamientos -incluido, por supuesto el de Zaragoza- y gestionar con la mayor agilidad posible el Plan de Vivienda, incluido algún cambio en el destino de las ayudas.

Yo tengo confianza en que la aplicación de la nueva normativa urbanística autonómica posibilite, mediante la revisión de los planeamientos, una mayor oferta de suelo a la que puedan optar ayuntamientos y el propio Gobierno de Aragón.

Parque Goya II, con capacidad para más de 2.000 viviendas, está en la recta final de su tramitación. De hecho, el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón ya ha remitido al Ayuntamiento de Zaragoza la modificación puntual de la zona que quedó

desafectada al producirse la decisión de construirse la Ronda Sur. En el momento en que el Ayuntamiento de Zaragoza dé el visto bueno a esta nueva ordenación, el Gobierno de Aragón sacará a concurso tanto las obras de urbanización como como los solares para la construcción, en todos los casos, de vivienda protegida.

El ejemplo de Parque Goya II es el que el Gobierno de Aragón querría que se aplicase en el Polígono 24 de Huesca y en el suelo que todavía queda por utilizar en La Fuenfresca turolense, después de la cesión del suelo a los ayuntamientos para que sean ellos mismos quienes promocionen viviendas.

Creo que se puede lograr el objetivo, si todas las administraciones aunamos esfuerzos, en alcanzar las 7.000 viviendas protegidas en las tres provincias aragonesas.

El acuerdo alcanzado el pasado lunes en el Ayuntamiento de Zaragoza para desarrollar suelos de forma urgente parece un paso de vital importancia que desde aquí apoyo plenamente a la vez que felicito a todos los grupos municipales.

Las actuaciones en torno al suelo y la vivienda se complementan con las dotaciones del Programa de Arquitectura y Rehabilitación, que este año pasa a contar con 1.400 millones en inversiones directas, cuya mayor parte está drigido al Programa de

Restauraciones. Se contempla, por lo tanto, una subida de 557 millones, un 66%.

Pero el esfuerzo es todavía mayor en el capítulo de transferencias de capital, que pasa de 911 a 2000 millones de pesetas, con un incremento del 119,5%.

En términos generales, se incrementan las cuantías destinadas a la intervención directa en apoyo a la restauración del patrimonio arquitectónico en edificios y espacios de uso público con actuaciones prioritarias en los casos en los que se presentan situaciones de mayor urgencia y valores arquitectónicos más relevantes. Se mantiene asimismo una línea de ayudas directas para la preservación del patrimonio arquitectónico destinado a uso privado.

Las partidas más importantes de este Capítulo son las siguientes:

  • Ayudas a la rehabilitación arquitectónica: 1.350 millones.
  • Actuaciones en Areas de rehabilitación: 250 millones.
  • Ayudas para la rehabilitación de viviendas: 350 millones.
  • Línea de ayuda para lesiones estructurales: 750 millones.
  • Ayudas del Plan de Vivienda: 250 millones.

Con estas cuantía atendemos con mayor insistencia y contundencia a las demandas de rehabilitación, tanto en edificios públicos como en privados. Queremos también potenciar las áreas de rehabilitación como línea de trabajo que concentra actuaciones en determinados ámbitos a la vez que promover planes directores para configurar modelos urbanos con carácter histórico monumental.

· · · ·

Como resumen de esta comparecencia, estimo que el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones puede influir de forma importante a lo largo del año 2000 con su capacidad inversora en mejorar las infraestructuras de su más directa responsabilidad y participar activamente en la toma de decisiones sobre otras de más largo alcance.

Creo que el Departamento del que soy responsable puede influir en que en Aragón haya más empleo a lo largo del próximo año a través de un montante inversor de sus propios fondos de 13.637 millones, además de las cantidades que tiene que gestionar y ejecutar correspondientes al Plan

Alternativo de las Cuencas Mineras y el Plan Especial de Teruel.

Estoy convencido, en definitiva, de que contamos con la herramienta necesaria para que la obra pública recupere el pulso, para atender las demandas de los ayuntamientos, para intervenir directamente en mercados que por su dinámica expulsan a quienes cuentan con menos recursos y para desarrollar políticas lo más amplias posibles en las áreas que son de nuestra estricta competencia.

Muchas gracias por su atención.


Fecha : 10-11-1999

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